El fiscal federal Walter Rodríguez dictaminó que no se reunieron los elementos “mínimos y necesarios que permitan el mantenimiento de la acción penal pública” en una causa que comenzó en la justicia provincial de Santa Fe y luego se radicó en la justicia federal por el presunto delito de violación de secretos, tras la difusión de dos imágenes en un medio gráfico digital y en un programa de televisión nacional que mostraban fajos de dinero que luego no fueron hallados, en el marco de la causa por el homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad, que luego derivó en una pesquisa por intermediación financiera no autorizada.

Al emitir su opinión, el fiscal federal consideró que el caso bajo examen “constituye una muestra reivindicatoria de la necesidad de proteger la libre circulación de las noticias, ya que en respuesta a la publicación que daba cuenta de la desaparición irregular de una elevada suma de dinero encontrada en la escena del hecho donde el día 11 de febrero pasado resultó gravemente herido Hugo Oldani, un órgano del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, el MPA, utilizó de oficio sus facultades dirigidas a lograr la intervención del derecho penal, concebida como una herramienta de última ratio”.

Esa causa comenzó tras la publicación realizada el 22 de febrero de 2020 en el sitio web “zonacríticaonline.com”, en la cual aparecen dos fotografías con fajos de dinero –y la aclaración de que habían sido ventiladas con anterioridad en el programa televisivo “GPS” de la señal A24- que la fiscal del caso, Cristina Ferraro, identificó como correspondientes al relevamiento realizado durante la noche del hecho en el interior de los locales 29 y 30 de la “Galería Rivadavia” de la ciudad de Santa Fe, donde se ubica la agencia de turismo “Oldani”, y cuya difusión, sostuvo la magistrada local, no había sido autorizada. También puntualizó que no se había permitido a las partes legitimadas el acceso a tales registros. Por ese motivo advirtió la posible existencia de un delito y dio conocimiento a su superior jerárquico, el fiscal Regional Carlos Arietti, quien ordenó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos “para dar inicio a la Investigación Penal Preparatoria”. La pesquisa quedó a cargo de la fiscal Mariela Jiménez e incluía -además de la violación de secreto- otras hipótesis delictivas relacionadas al caso “Oldani” ajenas al homicidio, que luego quedarían radicadas en la justicia federal.

Para el fiscal, el caso bajo examen “constituye una muestra reivindicatoria de la necesidad de proteger la libre circulación de las noticias"

Los argumentos del fiscal federal

Rodríguez señaló que resulta irrelevante para el derecho penal la difusión de las imágenes marcada por la cantidad de dinero que ellas exhiben. En esa línea, destacó lo sugestivo de su hallazgo en la escena del hecho donde se produjo el homicidio de Hugo Oldani, “pese a lo cual no fue secuestrado, ni contabilizado y menos aún identificados los billetes por número de serie, sino desaparecido como rastro, prueba o instrumento del delito”. Por esos motivos, el fiscal federal incluso denunció, en septiembre del año pasado, a su colega local Ferraro por encubrimiento agravado.

“Tal impulso investigativo -en estas especiales circunstancias- es demostrativo de un desvío de poder, y en ese contexto considero que ninguna medida de averiguación dirigida a los periodistas que difundieron las imágenes puede tolerarse constitucionalmente sin poner en duda, al mismo tiempo, el derecho que les asiste de preservar sus fuentes de información, en el entendimiento que, de lo contrario, se tornaría ilusorio el desarrollo de la tarea profesional asignada a la prensa”, resaltó.

"Ninguna medida de averiguación dirigida a los periodistas que difundieron las imágenes puede tolerarse constitucionalmente sin poner en duda, al mismo tiempo, el derecho que les asiste de preservar sus fuentes de información", aseveró la fiscalía.

Por otra parte, el fiscal consideró en su dictamen que, con respecto a una posible situación de perjuicio a la causa por la difusión de las imágenes, “deviene innecesaria tal comprobación en la medida que las imágenes difundidas no tienen conexión con hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley resulten materialmente objeto de protección. En otras palabras, ese dinero sacado de la escena del hecho no forma parte del caso como elemento material, ya que ni siquiera existe una constancia de su secuestro o devolución, y por lo tanto, no se trata de un documento”.

Finalmente, Rodríguez sostuvo que el contenido de su dictamen debía ser comunicado tanto al responsable editorial del sitio web “zonacríticaonline.com” como a la producción del programa televisivo “GPS” de la señal A24. Fue tras valorar “el principio funcional de transparencia indicativo de que los fiscales tenemos el mandato legal de brindar información acerca de los criterios que orientan la persecución y selectividad penal para evaluar el desempeño de los funcionarios”, en alusión al artículo 9 inciso “i” de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.