El fiscal federal Walter Rodríguez postuló el sobreseimiento de Hugo Oldani, un empresario santafesino asesinado el 11 de febrero de este año, en el marco del expediente en el que se investiga el delito de intermediación financiera no autorizada. No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación aclaró que ello no impide la continuidad de la investigación, que se encuentra a su cargo bajo los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, solicitó la formación de una causa por separado para que se investigue a su colega del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe Cristina Ferraro por encubrimiento agravado, debido a la desaparición de elementos de prueba ocurrido al la pesquisa por el homicidio.

La causa en la que interviene el titular de la Fiscalía Federal N°2 santafesina comenzó con la denuncia del ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain el 1° de junio, en la que manifestó que en el lugar donde se cometió el homicidio de Oldani se encontró una gran cantidad de dinero que no correspondería al curso normal del negocio de TURISMO OLDANI SRL, que luego "desapareció del lugar".

Ante ello el fiscal se abocó a desarrollar su tarea investigativa, y al comprobar que ningún funcionario público -con anterioridad- había dado cumplimiento a la manda legal establecida en el art. 177, primer párrafo, del Código Procesal, formuló la denuncia respectiva en torno al modo en que se preservó la escena del hecho, donde Oldani tenía la sede de sus negocios comerciales.

Actividades financieras no autorizadas

En ese orden, se estimó que la suma de dinero encontrada, según un estudio de la Policía Federal Argentina sobre el video del registro del lugar en donde fue encontrado Oldani, podría tratarse de $3.050.000 y de U$S 1.100.000. Esa cantidad se suma a un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el que consta que la firma no se encontraba incluida dentro de las nóminas de entidades autorizadas por esa institución para funcionar en actividades de intermediación, como tampoco las autoridades ni accionistas. Sí estaba inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para realizar compra-venta de divisas, metales preciosos y/o títulos valores privados o públicos, a menor escala.

Para el fiscal federal, en Turismo Oldani SRL funcionaba una "banca de hecho".

Desde ese análisis, la fiscalía federal consideró que en el lugar donde funcionó Turismo Oldani SRL se produjeron actividades tendientes a procurar y hacerse recursos financieros de terceros para prestar al público en general: las llamadas "bancas de hecho".

Otro dato contemplado por el MPF nacional fue que, al momento de la filmación captada inmediatamente después del homicidio, aparece una calculadora encendida perteneciente a la víctima con la cifra 16.800.000.

Sin embargo, el fiscal Rodríguez dictaminó que se ve imposibilitado de mantener vigente el ejercicio de la acción penal con respecto a Héctor Oldani y solicitó el sobreseimiento por la causal de su fallecimiento, pero sostuvo la continuidad de la investigación con respecto a otras personas.

Irregularidades en la escena del crimen

Finalmente, el fiscal federal evaluó presuntas irregularidades en la escena del crimen. Se solicitaron y fueron remitidos los testimonios de la hija de Oldani y su pareja, en los que manifestaron haber sido autorizados por la fiscal Ferraro -a cargo del lugar- para retirar todos los elementos de valor.

“Se encuentra a la vista la ausencia del cumplimiento de los estándares mínimos" en la conservación de la escena del crimen, sostuvo Rodríguez

También se señaló que a fines de febrero se inició en el fuero local una investigación por presunto lavado de dinero, pero sólo después de que circularan en un medio de comunicación imágenes con dinero. Otro aspecto en el que reparó la fiscalía federal fue que se había dispuesto la preservación de la escena, pero que al día siguiente la custodia fue levantada presuntamente por indicación policial, momento en el que se sostuvo que habría desaparecido el dinero y por el que el MPA también inició una investigación.

“Se encuentra a la vista la ausencia del cumplimiento de los estándares mínimos (…), a punto tal que la existencia del dinero y otros elementos fueron reflejados por las imágenes obtenidas por el personal policial interviniente, y no aparece su figuración en acta formal o inventario”, sintetizó al respecto Rodríguez.