El titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Primera Instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene a cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por haberse realizado con habitualidad. De acuerdo a la acusación, un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de poner en circulación dinero proveniente de esta actividad a través de la compra de rodados e inmuebles para darle así apariencia lícita. En las maniobras -se explica- también participaban su hijo y su nuera, en calidad de prestanombres. 

Osvaldo Salva y Estela Castillo fueron condenados en dos ocasiones por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, la última de ellas como parte de una organización liderada por un policía provincial. En su requerimiento, Rodríguez acusa ahora a la pareja de haber puesto en circulación activos provenientes de esta misma actividad entre junio de 2011 y mayo de 2019. Las maniobras, describe el fiscal, incluyeron la compra de diecisiete automóviles y ocho inmuebles ubicados en la capital provincial, Sauce Viejo, Rincón y Distrito Colastiné. También señala que realizaron la venta de once de los vehículos y de uno de los inmuebles, además de disimular su condición de verdaderos propietarios. 

Según la acusación, para ello, Eric Salva, hijo del matrimonio, intervino como testaferro o prestanombre en la compra de nueve vehículos y seis inmuebles y cumplió el mismo rol en la venta de seis vehículos y una casa para así facilitar la puesta en circulación de los recursos ilícitos de sus padres. La pieza acusatoria añade que su pareja, Yamila Lezcano, prestó su nombre para la venta simulada de un vehículo registrado a nombre de Eric Salva, con el fin de disimular la condición de verdaderos propietarios de Salva y Castillo. 

Por tanto, Rodríguez solicitó que Osvaldo Salva, Estela Castillo y su hijo respondan a la acusación del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado con habitualidad. Para Lezcano, en cambio, el delito por el que debaerá responder es el de lavado de activos atenuado por ser una suma inferior a trescientos mil pesos. 

Para el fiscal es posible inferir que la familia utilizó dinero proveniente del narcotráfico para adquirir estos bienes, ya que sus ingresos lícitos declarados son insuficientes para justificar tales operaciones. Osvaldo Salva figuraba como inscripto en la categoría de servicio de transporte de pasajeros mediante taxis y remises en las categorías más bajas del monotributo, y recibía una pensión por haberse retirado de la policía provincial en 2012. Su esposa figuraba enrolada en la misma categoría, y ambos aseguraron tener ingresos por trabajar o realizar “changas” en el taller mecánico de su hijo. 

De acuerdo al planteo del Ministerio Público Fiscal, al cotejarse el patrimonio de la familia Salva con los ingresos lícitos detallados “queda demostrado que estos últimos resultan insuficientes para justificar la adquisición de bienes”, junto con viajes al exterior realizados por el grupo familiar, compra de moneda extranjera y la constitución de diversos plazos fijos. En su dictamen, Rodríguez destacó que Osvaldo Salva y Estela Castillo no podían desconocer el origen de ese dinero, ya que ellos mismos participaron de la actividad ilícita que lo generó. Si bien Eric Salva fue ajeno a estas maniobras, para el fiscal resulta posible afirmar que tenía conocimiento de la procedencia del capital dado el vínculo que mantenía con sus padres, lo mismo que Lezcano respecto a las actividades desplegadas por su pareja.