Cinco personas fueron procesadas por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán acusadas de integrar una organización ilícita dedicada al vaciamiento de empresas y a la evasión sistemática al fisco. Además, el juez Guillermo Díaz Martínez dictó un embargo de 1.000 millones de pesos para el empresario azucarero R.A., señalado como organizador, y de 700 millones para el resto de los implicados.
En la causa, interviene la Fiscalía Federal N° 2 de la jurisdicción, a cargo de Agustín Chit, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), cuyo titular es Diego Velasco.
El caso se inició tras una denuncia realizada en 2018 ante la AFIP (actual ARCA). A partir de ello, la fiscalía, en ese momento a cargo de Pablo Camuña, impulsó una investigación sobre el ingenio La Trinidad, ubicado en Tucumán, por posibles irregularidades tributarias. En agosto de ese mismo año se llevaron a cabo múltiples allanamientos en domicilios vinculados a la organización, cuyo resultado más contundente fue el hallazgo de 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos, que se encontraban en un depósito clandestino, sin ningún tipo de respaldo documental y cuya existencia había sido expresamente negada por los investigados.
La inmensa cantidad de documentación secuestrada permitió identificar una operatoria delictiva sostenida durante más de una década. A partir de este hallazgo, se dio intervención al Área de Delitos Tributarios de la PROCELAC, que llevó adelante una exhaustiva investigación patrimonial y fiscal sobre la explotación del Ingenio La Trinidad junto con el fiscal federal Chit.
De esta forma, pudieron involucrar a todo el grupo económico vinculado a la figura del empresario y el Ingenio La Trinidad como sospechosos de montar una asociación ilícita tributaria dedicada a evadir sistemáticamente mediante complejas maniobras societarias.
La maniobra criminal
De acuerdo a la investigación del MPF, el modus operandi de la organización consistió en la creación y utilización sucesiva de distintas personas jurídicas (MIJASI SRL, Azucarera Del Sur SRL, ANZUC SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares S.A.) para llevar adelante la explotación del ingenio azucarero por ciclos acotados. Una vez que estas firmas acumulaban deudas millonarias con el fisco, eran vaciadas de todo ingreso y su actividad se transfería a una nueva entidad, integrada por los mismos actores físicos rotando en distintos roles formales.
Mediante esta estructura, la organización evadió sistemáticamente el pago de tributos nacionales (IVA e impuesto a las ganancias), se apropió de manera indebida de los recursos de la seguridad social de sus trabajadores y evadió aportes mediante la contratación de personal no registrado. Para poder llevar esto a cabo, los acusados recurrieron a la venta de azúcar sin facturar, el uso de remitos irregulares sin validez fiscal, traslados nocturnos para eludir controles y la utilización de usinas de facturas apócrifas, con proveedores irreales y también prestanombres.
Chit y Velasco consideraron que las conductas desplegadas no constituían meras evasiones aisladas, sino que configuraban el delito de asociación ilícita tributaria. La fiscalía determinó que los imputados constituyeron una estructura estable, organizada y coordinada en el tiempo, con una clara división de roles, destinada específicamente a defraudar al Estado eludiendo obligaciones millonarias.
Para llegar a esa conclusión, se analizaron y relevaron causas penales tributarias vinculadas a todas las personas físicas o jurídicas de este grupo económico desde 2005 a por lo menos 2019 que explotaron el Ingenio La Trinidad. De acuerdo con los cálculos elaborados por el Ministerio Público Fiscal, sobre las causas penales tributarias imputadas, el monto total evadido asciende a más de 434 millones de pesos, número compuesto por la suma de las evasiones cometidas por cada una de las empresas "desechables" utilizadas por la organización en ese plazo temporal.
En su acusación, el MPF no descartó incorporar nuevas causas penales vinculadas a este grupo, dado que el ingenio La Trinidad continuó explotado bajo esta misma modalidad comisiva.
La decisión del juzgado
Tras la investigación de la fiscalía, el juez federal Díaz Martínez rechazó el planteo de la defensa sobre que las empresas investigadas se habían acogido a moratorias y planes de pago para regularizar los impuestos evadidos, lo que suspendía la acción penal por evasión.
Para el magistrado, el delito de asociación ilícita tributaria es completamente autónomo e independiente de los delitos de evasión subyacentes. En ese sentido, explicó que este delito sanciona “la elevada peligrosidad que implica organizarse y conformar una estructura compleja dedicada a delinquir contra el orden público”.
Bajo esa mirada, “el mero pago posterior de los impuestos descubiertos no anula el hecho de haber montado una empresa criminal, ni extingue la responsabilidad penal de sus integrantes”. Para Díaz Martínez, las sucesivas personas jurídicas no fueron creadas para una actividad empresarial genuina, sino como "estructuras desechables" ideadas para defraudar a la sociedad en su conjunto.