El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente a diez personas y a dos sociedades por lavado de dinero proveniente de la venta ilegal de parcelas del terreno tomado el 24 de febrero pasado en Villa Lugano, hoy denominado Villa Papa Francisco. La presentación de la Procelac valora elementos probatorios de las investigaciones en curso ante la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y ante la Justicia Nacional en lo Criminal, donde tramitan investigaciones por diferentes ilícitos relacionados a la usurpación.

La denuncia de Gonella, que tiene origen en una pesquisa preliminar iniciada por el área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac en junio pasado, fue concretada ante la Justicia Federal porteña.

La lista de imputados está encabezada por Antonio Marcelo Chancalay, un ex referente barrial de la zona que también fue empleado del Gobierno porteño dentro de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, "hecho que le habría permitido acceder a información gubernamental de carácter sensible", precisó en la presentación el fiscal Gonella.

También, están involucradas en la denuncia por lavado las firmas Mach Construcciones SRL y la Cooperativa de Trabajo Cardenal Samoré Limitada. En ambas, Chancalay tenía participación. En la cuenta corriente de esta última correspondiente al Banco Ciudad "se produjeron acreditaciones de fondos injustificados" durante el año pasado, según tuvo por acreditado la justicia en lo penal, contravencional y de faltas porteña.

Al describir la cuenta corriente de la Cooperativa, la justicia contravencional porteña consideró que "tiene visos de funcionar como una cuenta 'puente' (...); desconociéndose el origen y el detino de los giros (...) Lo cierto es que existiría para Marcelo Chancalay (padre) una cierta posibilidad de acceso a dichas sumas de dinero, mediante su registración de firma", citó Gonella en la denuncia.

Esos movimientos se relacionan con la sospecha de los fiscales del fuero de la ciudad, quienes "tendrían elementos probatorios suficientes para vincular a Chancalay con la organización que fomentó la toma para luego comercializar los 'lotes' por cifras que iban de 8.000 a 25.000 pesos", remarcó Gonella. En efecto, la denuncia reseña que en el domicilio de Chancalay "se habrían encontrado boletos de compraventa correspondientes a los lotes dentro del asentamiento".

Esta nueva presentación se suma a las ya en curso en los fueros contravencional de la ciudad y criminal nacional por distintos delitos. En el primero, tramita una causa por usurpación, en la que Chancalay se encuentra a la espera de una sentencia.

En el fuero criminal y correccional, en tanto, está en curso un expediente iniciado por las denuncias de los fiscales del fuero porteño por episodios ocurridos dentro del predio por los delitos de homicidio, abuso sexual con acceso, privación ilegal de la libertad, extorsión, estafas, estelionato (engaño en los contratos), tenencia y/o portación de armas de fuego supuestamente de uso civil, amenazas coactivas, asociación ilícita, apología del delito, malversación de caudales, atentado y resistencia a la autoridad, cohecho y tráfico de influencias y encubrimiento.

Finalmente, de la pesquisa también surgieron presuntas infracciones a la ley de drogas, por lo cual tramita en el fuero federal porteño una causa encaminada a investigar el tráfico de estupefacientes.