26 de enero de 2022
26 de enero de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La Unidad de DD HH de la Fiscalía Federal de Resistencia realizó una reconstrucción de los hechos
A 91 años de la Masacre de Napalpi: informe especial sobre los avances  de la investigación
Hace un año, los fiscales Federico Carniel, Patricio Sabadini y Diego Vigay iniciaron una investigación con el objetivo de reconstruir las razones económicas y culturales que provocaron la matanza de más de 400 personas, en su mayoría integrantes de comunidades de los pueblos Qom y Moqoit. Para los fiscales, podría tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Bajo el supuesto de que podrían tratarse de crímenes de lesa humanidad, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco inició hace un año una investigación preliminar para reconstruir los hechos que dieron lugar a la denominada masacre de Napalpi, donde fueron asesinadas 423 personas –en su mayor parte integrantes de diversas comunidades originarias- bajo las balas de las fuerzas de seguridad de Chaco y grupos de civiles. La investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay –junto al fiscal federal de distrito Federico Carniel- busca echar luz sobre uno de los capítulos más trágicos de la historia nacional y provincial y, en el caso de enmarcarse en crímenes de lesa humanidad, llevaría al Estado a la obligación ineludible de juzgarlos, en base a los compromisos ante la comunidad internacional. Así, el trabajo llevado adelante por los fiscales podría llevar a  promover un requerimiento de apertura de un juicio por la verdad, ya que no existen responsables con vida.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la emblemática matanza, Fiscales relevó los avances producidos en la investigación.

Los hechos

“En la reducción Napalpi eran mocovíes los que estaban, había unos cuantos paisanos, había hacheros y obrajeros. Mataron a muchos y los taparon en un pozo grande, un solo pozo”. El crudo testimonio pertenece a Pedro Balquinta, de 107 años y uno de los tres sobrevivientes.  La Masacre de Napalpi tuvo lugar el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi, ambas localidades ubicadas en la provincia de Chaco, por orden del gobernador del territorio nacional de esa provincia, Fernando Centeno, para reprimir el reclamo de integrantes de comunidades de los pueblos Qom, Moqoit y en menor medida Vilelas y criollos. Entre las demandas que exigían, se encontraban una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga. También pedían mejoras en las condiciones de sedentarismo forzado, de extrema pobreza y hambruna en la que vivían en la reducción, demandando una justa retribución por el trabajo que realizaban, y el pago en dinero y no en vales. La huelga contó con un nivel muy alto de participación de los indígenas.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos eran tobas y mocovíes. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregada como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir. Un avión sobrevoló el lugar aportando información y sin ninguna advertencia durante una hora la policía disparo miles de balas de fusil sobre las tolderías donde estaban asestadas y protestando las familias enteras.

Vinieron dos camiones con policías”, continuó Balquinta. “Tenían un cuchillo en la punta”, dijo, sobre las armas empleadas, presuntamente una suerte de ballestas. “Murieron como 18 mujeres. Perdieron todos los caballos”, agregó en su testimonio.

Avances en la investigación

Uno de los principales avances tiene que ver con que por primera vez se recibieron en sede judicial los testimonios de los tres sobrevivientes: el mencionado Pedro Balquinta, de 107 años; Melitona Enrique; y Rosa Chara. En estos casos, a través del testimonios de sus hijos, que habían recibido el relato por la tradición oral de los pueblos originarios, y de entrevistas grabadas.

Otro punto relevante está vinculado a la prueba documental recolectada a través de los trabajos realizados por los periodistas e historiadores Pedro Solans, autor del libro “Crímenes de sangre”; Mario Vidal, autor del libro “Napalpi, La herida abierta”; Carlos Alberto Díaz, autor de “El Año de la Masacre”; Graciela Elizabeth Bergallo, autora de “Ntonaxac. Danza en el viento, Memoria y Resistencia Qom, capítulo Memorias de Napalpi”; y Héctor Hugo Trinchero, autor de “Las masacres del olvido. Napalpi y Rincón Bomba en la genealogía del genocidio y el racismo de Estado en la Argentina”. Además, también se pudo acceder a información relevante para la causa a través del Expediente judicial de la época- aportado por el Superior Tribunal del Chaco -, Informes de la Comisión de Reducciones de Indios sobre el funcionamiento de las Reducción Napalpi, las Memorias del Ministerio del Interior de la Nación, entre muchos otros documentos.

Las razones económicas y culturales

De los relatos de los abuelos, de los documentos históricos y de análisis sociológicos, se revelan determinadas razones económicas y culturales en la represión a los pueblos originarios. La Reducción Napalpi tenía el objetivo de aglutinar a los pueblos originarios nómades del Chaco en un territorio determinado y controlado, para poder apropiarse los sectores aristocráticos de sus tierras para la plantación de algodón, considerado por entonces como el “oro blanco”. También existía una explotación económica en condiciones de esclavitud y miseria a la que eran sometidas las distintas etnias, desconociendo y avasallando la cultura de los pueblos originarios de carácter comunitaria, nómade y de convivencia y armonía con la Naturaleza.

El Juicio por la Verdad

Se incorporarán próximamente a la investigación una serie de documentos pendientes, entre ellos referidos a estudios sobre las reducciones indígenas y sobre el Genocidio a los pueblos originarios en todo el país. También debe analizarse la factibilidad de realizarse exhumaciones con la debida autorización de las comunidades Qom y Moqoit, y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Una vez finalizado, la Fiscalía deberá requerir - al no existir imputados con vida - la apertura de un juicio por la verdad con la pretensión de que sea oral y público; donde se reproduzcan todos los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, de los historiadores e investigadores, los videos documentales con entrevistas a sobrevivientes y de reconstrucción de los hechos y toda la prueba que sea de interés.

Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan. Para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos, saber quiénes son los máximos responsables, cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución ; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas…Así es que la reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas….”, señaló la unidad fiscal de Derechos Humanos en el acta de apertura.