El titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal federal Carlos Martínez, con la colaboración del auxiliar fiscal Agustín Roldán, formalizó la investigación respecto de un nuevo integrante del Consejo Escolar de General Alvarado que quedó imputado en el marco de la investigación por el suministro de agua contaminada en establecimientos educativos de Mar del Sud, e impulsó la prórroga de la investigación por otros 180 días.
La audiencia de formalización de la investigación para el nuevo imputado fue coordinada por la Oficina Judicial y realizada el miércoles pasado ante el juez federal de garantías Santiago Inchausti, quien ante el pedido del Ministerio Público Fiscal extendió el plazo de la pesquisa hasta el 28 de diciembre próximo y mantuvo las medidas de coerción y cautelares respecto de todos los investigados.
Con esta nueva imputación, ya son cinco las personas investigadas: el contratista encargado de certificar la potabilidad del agua y que habría además falsificado informes en más de un centenar de oportunidades, y cuatro funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado —su presidenta, vicepresidenta, tesorero y el consejero escolar—, quienes están imputados por presuntas maniobras de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin salida del país y con restricción de acercamiento
Luego de que Martínez solicitara la ampliación del objeto procesal y formalizara la investigación contra el consejero escolar, Roldán pidió que el nuevo imputado quede sujeto a las mismas restricciones ya impuestas a los restantes investigados. En ese sentido, requirió la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del polo educativo de Mar del Sud, sito en la manzana de calles 106 y 27.
El representante del MPF señaló que esas medidas resultan necesarias debido a que la intervención del Consejo Escolar de General Alvarado, dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, concluyó a fines del año pasado, por lo que los funcionarios investigados retomaron sus cargos.
El fiscal federal Carlos Martínez y el auxiliar fiscal Agustín Roldán durante la primera audiencia de formalización por el caso. Foto: Belén Cano / Ministerio Público Fiscal
Asimismo, la fiscalía reiteró el pedido de embargo sobre bienes registrables de los imputados —entre ellos vehículos, inmuebles y un plazo fijo en dólares— e insistió con la inhibición general de bienes respecto de la presidenta del Consejo Escolar y del nuevo imputado, ante la falta de bienes registrados a su nombre.
El caso
La investigación se inició en abril de 2025 a partir de la denuncia presentada por familias de alumnos del polo educativo de Mar del Sud, integrado por una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes, quienes reportaron problemas de salud en niños, niñas y adolescentes vinculados al consumo de agua de pozo.
Durante el año 2024, las familias habían advertido cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en sus niños, niñas y adolescentes, que habían mermado durante el receso de verano. También detectaron los desbordes del pozo ciego de desechos cloacales, y la peligrosidad por su cercanía al pozo de agua potable del predio. Todo llevó a la cooperadora a requerir a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua, en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2025.
El estudio, conocido el 5 de marzo de 2025, indicó que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli —lo que indica posible contaminación fecal—, y de pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.
La hipótesis fiscal, tras conocerse esos resultados, se basa en que se exhibieron certificados falsificados que aparentaban acreditar la potabilidad del agua con el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la firma apócrifa de una perito experta en química.
A partir de ahí, la investigación avanzó y derivó, el 27 de agosto de 2025, en la realización de una serie de allanamientos en localidades del partido bonaerense de General Alvarado, en los que se secuestró documentación y los teléfonos celulares de las personas investigadas. Al mes siguiente, la fiscalía formalizó la investigación e imputó a los primeros cuatros involucrados.