Con la declaración de un último testigo y el alegato del fiscal Fernando Fiszer, interinamente a cargo de la Fiscalía General N°16 ante los Tribunales Orales, se reanudaron ayer las audiencias en el juicio oral y público, que se sigue contra Lucas Alberto “Lukita” Silvero y Luis Alberto “Guasón” Chávez, por dos robos agravados por el uso de arma de fuego y el homicidio del oficial de la Policía Metropolitana, Carlos Alfredo Escobar.

Antes de los alegatos del fiscal y de los abogados defensores Gustavo D’Elía y Damián Angrisani, declaró el último de los 58 testigos previstos en el proceso. El hombre ratificó que Chávez en realidad se llama Gastón Maximiliano Ramos, y que lo ayudaba a atender el pool de su propiedad.

Asimismo, el hombre afirmó que el imputado tiene cinco hermanos, uno de los cuáles se llamaba Luis Chávez y trabajaba en una fábrica, al tiempo que agregó que “Luis es muy parecido físicamente a Gastón”.

El alegato de la fiscalía
Concluida la ronda de testimonios, la presidente del Tribunal cedió la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, para que realizara su alegato.

Fiszer sostuvo que estaba acreditado que el sábado 14 de abril de 2012, Chávez y Silvero -junto a otras personas- interceptaron con un Audi A5 negro a otro auto de alta gama en la intersección de la calle Belaustegui con la Avenida San Martín.

Según el fiscal, Chávez se paró frente al vehículo con un arma de fuego en su mano, Silvero se acercó al conductor y los otros dos cómplices apuntaron a los acompañantes. Luego del robo, los imputados huyeron del lugar con el vehículo que utilizaron para encerrar al Volkswagen Vento en el que se desplazaban Escobar y su novia.

La maniobra se repitió: Chávez y Silvero bajaron del Audi, Silvero se colocó delante del auto de Escobar, mientras que Chávez se dirigió hacia el lado del acompañante.

Tras descender del auto, el policía de la Metropolitana intentó usar su arma. En ese momento, Chávez, Silvero y una tercera persona dispararon al menos nueve balas. Tres proyectiles hirieron a Escobar quien murió en el hospital por hemorragias internas y externas. Asimismo, el vehículo Audi A4 fue hallado a la vuelta del lugar donde se produjo el segundo homicidio.

Para Fiszer, quedó claro que “en toda la secuencia los autores llevaban armas de fuego con aptitud de disparo”, y que no había dudas respecto a la intervención de Silvero y Chávez, como tampoco las había respecto a que “el teléfono sustraído en el hecho 1 apareció en el escenario del hecho 2”.

El representante del Ministerio Público Fiscal también desacreditó los dichos de los testigos de descargo al considerar que ninguno “aseguró que no haya habido un lapso en el que se haya perdido de vista”, a los acusados. Agregó que si se analizaban el trayecto entre el pool y los lugares donde se cometieron los hechos, los imputados bien podrían haberlos cometido y volver al bar.

Respecto a la calificación legal, Fiszer consideró que a Chávez y Silvero les cabía responsabilidad como “coautores de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con homicidio agravado criminis causae”, y pidió al tribunal que se les impusiera la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.

Por otra parte, el representante del MPF solicitó la extracción de testimonios para identificar las llamadas que el dueño del primer auto robado y su madre, el 9 o 10 de mayo de 2012, el las que se les pedía dinero a cambio de brindarles información sobre la ubicación del vehículo que finalmente apareció al día siguiente frente a una obra en la calle Felipe Vallese al 700.

El alegato de los defensores
Durante todo el debate, la asistencia técnica de Chávez y Silvero recayó en los abogados Gustavo D’Elía y Damián Angrisani quien volvió a dudar sobre la identidad de Chávez, al tiempo que reclamó saber los resultados de los pedidos de informes cursados al Registro Nacional de las Personas.

Asimismo, cuestionó la investigación efectuada por la Policía Metropolitana que permitió dar con los imputados. El abogado consideró que se había “violado el derecho a la intimidad, al obtenerse imágenes de varios chicos”, entre los que estaban los encausados, por lo que concluyó que podía haber “cierta confabulación para incriminar”, a los jóvenes dado que la víctima integraba la misma fuerza. También, el letrado tildó de contradictorios los dichos de la novia de la víctima y pidió al Tribunal que no fundamentara la condena sobre los testimonios de la mujer.

Por otra parte, Angrisani acusó al fiscal de no producir pruebas durante el debate, y de “hacer una reedición de las pruebas de la instrucción, las cuales la defensa no pudo controlar”. Preguntó si “pudo la Policía Metropolitana equivocarse y ello ser avalado por la Justicia”. Para concluir su exposición, solicitó “la aboslución, por orfandad probatoria”, de sus defendidos.

Por su parte, D’Elía consideró que “durante el debate quedo probado que es Gastón Maximiliano Ramos y no Luis Alberto Chávez”, por lo que solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio dado que el imputado no fue debidamente identificado. Explicó que en esa pieza procesal se había puesto que era Luis Alberto Chávez, y agregó que era “evidente que en el hecho b, el fiscal llevo adelante una acusación arbitraria”.

Asimismo, el abogado solicitó que “la pena de prisión perpetua sea declarada inconstitucional por considerarla cruel y degradante para los imputados” , y argumentó que el pedido no respeta el principio de resocialización, contemplado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Respuesta del fiscal a los planteos de nulidad e inconstitucionalidad

El fiscal Fiszer sostuvo que desde el inicio de la investigación, el imputado estuvo individualizado bajo los nombres “Gastón Maximiliano Ramos”, “Gastón Maximiliano Ramos Chávez”, “Gastón Maximiliano Chávez” o “Luis Alberto Chávez”, aunque durante el trámite se usaron alternativamente.

También, agregó que cuando el joven fue detenido dijo llamarse “Luis Alberto Chávez”, que firmó así todos los documentos durante el proceso, y cuando se confeccionó un informe socio-ambiental habló de su familia nuclear identificándose como Luis Alberto Chávez.

Además, remarcó que una de las testigos –supuestamente imparcial- quien  durante el debate había identificado al joven como Gastón Ramos, fue la misma persona que propuso al abogado defensor para Luis Alberto Chávez. En base a esto, el fiscal consideró que el planteo debía desecharse.

Por otra parte, Fiszer sostuvo la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua invocando antecedentes jurisprudenciales.

La sentencia
Por cuestiones de agenda, el Tribunal Oral en lo Criminal N°16, presidido por la Inés Cantisani e integrado por María Cristina Bértola y Gustavo González Ferrari, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 27 de marzo, a las 8:30, cuando los imputados podrán hablar frente al Tribunal antes del veredicto.