El juicio por el encubrimiento y desviación de la investigación del atentado a la AMIA continuó ayer, con una audiencia en la que declararon tres testigos: el ex titular de la Superintendencia del Interior de la Policía Federal Argentina, Ángel Juan Ramírez; el ex agente de la División de Operaciones Federales, Carlos Salomone, y el también ex agente del Departamento Protección del Orden Constitucional (DPOC), Jorge Horacio González. Ante el Tribunal Oral Federal n°2, que lleva adelante el juicio, estuvieron en representación del Ministerio Público Fiscal los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer y el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff.

Ramírez señaló que “había varias líneas de investigación”, y que una de ellas era “sobre Kanoore Edul”. El área que encabezaba incluía al DPOC, para cuyo jefe Carlos Castañeda pidió el pase “porque nunca lo vio en aptitud”. Castañeda es hoy uno de los acusados junto a Jorge “Fino” Palacios por las presuntas maniobras de encubrimiento para abortar las investigaciones en curso sobre la denominada “pista Kanoore Edul” o “pista siria”.

Por otra parte, describió un encuentro al que fue convocado por el juez federal Juan José Galeano a su despacho. Allí dijo haberse encontrado sin previo aviso con el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Alejandro Pérez Cárrega y el director de investigaciones de esa jurisdicción Armando Calabró, episodio en el que el magistrado habría hecho reproducir una grabación en la que “gente de la policía bonaerense hablaba sobre vehículos ilegales” y por la que indicaba que “había que apurar” una investigación al respecto: “fui usado ante las bonaerenses” consideró, en tanto supuso que su presencia allí fue “para que piensen que nosotros (por la Policía Federal) hicimos las interceptaciones”. Asimismo, indicó que “la investigación fue siempre del juzgado” y que su colaboración debió limitarse a brindar personal y viáticos.

El segundo en declarar fue Carlos Salomone, quien se desempeñó en la División de Operaciones Federales bajo el mando de Palacios, y se refirió principalmente a tres operativos: tareas de vigilancia de la casa del reducidor de autos Carlos Telleldín y su detención en Aeroparque, y el allanamiento del domicilio de los Kanoore Edul de la calle Constitución del 1 de agosto de 1994. Sobre este último operativo aseguró que por teléfono Palacios le ordenó esperar hasta que arribara Kanoore Edul, y que, en efecto, recién ingresaron a la vivienda a las “6 o 7 de la tarde”, tras una nueva directiva del superior. También dijo que al llegar al lugar por la mañana hizo un llamado a la casa “para ver si estaba habitada”, pero aseguró no recordar dónde había obtenido o quién le había dado el número. La hipótesis plasmada en el requerimiento de elevación a juicio es que a diez días del atentado la investigación sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul “fue intempestivamente interrumpida a partir de una orden presidencial acatada sin objeción alguna” por el entonces magistrado, Castañeda, Palacios, el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el subsecretario Juan Anchezar. El testigo afirmó, además, que fue por “una cuestión de confianza” que Galeano les encomendó su intervención junto a Palacios y otros agentes, a quienes conocía por trabajar en causas por tráfico de drogas.

El último en brindar declaración indagatoria fue González, quien cumplió funciones en el DPOC hasta mediados de 1995 y formó parte del equipo dedicado a la investigación del atentado. “Desde el primer momento intervino personal de la SIDE. Provocaba una seria contaminación y echaba por tierra las investigaciones: eran como elefantes en un bazar”, se quejó. Y agregó: “Cuando llegábamos, ya habían estado. El juzgado estaba al tanto”; al respecto, consideró que existía “un respeto reverencial hacia el juez, con todo su peso y su poder. El juzgado y la SIDE eran uno”.

El agente afirmó que no era la policía la que descartaba las diversas hipótesis que se iban barajando, sino “el juzgado”. En primer lugar, apuntó que “era tremendo que dejaran pasar” la pesquisa vinculada a Kanoore Edul porque el allanamiento mencionado “estaba servido en bandeja”, pero que “no se hizo con rigor investigativo”; por otro lado, que los policías bonaerenses sindicados como la conexión local del atentado eran “extorsionadores de dobladores de autos y mafiosos, sí. Pero no fundamentalistas”.

Ante una pregunta de los representantes del Ministerio Público Fiscal, González aseveró que Palacios estuvo en la investigación “desde el primer momento” a pesar de tener “cero conocimientos sobre terrorismo”, y coincidió con el testigo Salomone al señalar su “extrema confianza” con Galeano. Sin embargo, le sorprendió que el testigo que lo precedió interviniera en la causa AMIA. Finalmente, ante las contradicciones evidenciadas por Salomone con el testimonio prestado en la audiencia pasada por el testigo Camarero, la fiscalía solicitó que se efectúe un careo entre ambos.