El fiscal Gerardo Pollicita apeló el viernes pasado la decisión del juez Federal Norberto Oyarbide de sobreseer a Alejandro Lawless por el delito de "evasión de detenidos" y solicitó que se lo procese por ser "partícipe necesario de favorecimiento doloso de evasión". El militar había sido capturado el martes 15 de julio en el barrio de Liniers. Policía Federal realizaba desde hacía varios meses escuchas telefónicas hasta que lograron ubicar el lugar donde se ocultaba.

Oyarbide consideró que, según lo previsto en el artículo 280 del Código Penal, la conducta desplegada por Lawless no cumple con "las acciones típicas" del delito de evasión, es decir, "recuperar la libertad ejerciendo violencia en las personas o fuerza en las cosas". Lawless fue indagado el miércoles pasado y sobreseído el jueves por el juez, que consideró que no había delito aunque haya implicado un "despliegue de un particular esfuerzo físico”.

Pollicita concidió en lo planteado por el juez pero aclaró que ello "no excluye su responsabilidad por la participación que tuvo en el delito de favorecimiento doloso de evasión". Por esa imputación se encuentra procesados los funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que participaron en noviembre de 2013 del traslado de Lawless a la Alcaidía de Tribunales.

Para el fiscal, la acción que se les reprocha a los procesados "se pudo concretar por el comportamiento del militar" aunque aclaró también otros factores que incidieron en la fuga, como por ejemplo la falta de colocación de esposas, la utilización de un vehículo inadecuado, el dispositivo de trabas desactivado, entre otros.

"El aporte de Lawless resultó indispensable para el delito cometido por los funcionarios de la PSA, circunstancia que lo convierte en partícipe necesario del delito de favorecimiento doloso de evasión de detenidos" expresó Pollicita. Destacó también que aunque no hay constancia que permita sostener la existencia de un "pacto expreso", esto no es una exigencia, ya que según la fiscalía "si existió un acuerdo tácito".

A principios de julio, la sala I de la Cámara confirmó el procesamiento de los tres agentes de la Policia de Seguridad Aeroportuaria que participaron del traslado de Lawless desde la comisaria 49° (donde por disposición judicial debía presentarse periódicamente) hasta Tribunales.

Por otra parte, los fiscales de la unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, solicitaron la semana pasada la incorporación del militar al debate oral y público que comenzó el 8 de julio en esa ciudad por los crímenes en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura.

La fuga

El 12 de noviembre de 2013, Lawless fue detenido por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes de la Armada, luego de que la Cámara de Casación le anulara la decisión de mantener la excarcelación en la causa relativa al V Cuerpo del Ejército.

Luego de la detención, se le asignó al jefe de Operaciones Policiales de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Metropolitana de la PSA, Guillermo Schweizer, que dispusiera de los medios necesarios para el traslado del detenido hacia la Unidad N°28 del Servicio Penitenciario Federal, más conocida como la Alcaidía de Tribunales. También fueron designados para esta tarea a Gastón Diego Hoz de Vila y Enrique Quintero.

Alrededor de las 13:30, estacionaron el móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria frente a la entrada de la Alcaída (Lavalle 1337). Hoz de Vila entró para realizar los trámites de ingreso del detenido mientras que Quintero descendió del auto por motivos que aún se desconocen, dejando a Lawless dentro del mismo "sin esposas colocadas y con las puertas sin seguro".

En ese momento, el detenido aprovechó y abrió la puerta trasera del móvil, cruzó hacia la vereda de enfrente y escapó corriendo por la calle Lavalle hacia Talcahuano. Allí, dobló en dirección a Corrientes, donde fue perdido de vista en los videos aportados por el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el fiscal, la fuga se produjo en consecuencia "de una serie de incumplimientos cometidos por parte de los funcionarios de la PSA, respecto de las normas específicas que están previstas para evitar la evasión de detenidos durante los traslados y que debían cumplir por estar a cargo de la custodia".