La Gendarmería Nacional y la Dirección de Bosques de la provincia de Río Negro desalojaron el viernes pasado un predio usurpado en la zona de Playa del Viento, en la costa del lago Moreno, donde se había instalado un aserradero clandestino y se ofrecían ilegalmente lotes para la venta.

La medida fue ordenada por el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, en el marco del requerimiento formulado en ese sentido por la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de Rafael Vehils Ruíz, quien desarrolló - con la asistencia del auxiliar fiscal Mariano Mannará- la investigación que permitió constatar el accionar ilícito de las personas que llevaron a cabo la ocupación y explotación ilegal del predio.

El caso se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por el director de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, que daba cuenta de la ocupación irregular del espacio, que pertenece al Ministerio de Defensa de la Nación y que está adjudicado al Ejército Argentino para el desarrollo de funciones militares.

Tras dos meses de investigación, en la que colaboró la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de la Gendarmería Nacional, se determinó que no se trataba de una mera ocupación con fines de habitación, sino que existía un entramado empresarial dedicado a la tala ilegal, procesamiento y comercialización de especies arbóreas nativas.

El aserradero clandestino funcionaba en el domicilio de uno de los imputados. El predio también era ofrecido ilegalmente para su venta como lote. Las personas ocupantes aducían ser propietarias en virtud de una decisión de la justicia federal barilochense -lo cual es falso- y habían instalado cartelería en la zona para disuadir a eventuales visitantes para que no ingresaran.

En el procedimiento desarrollado del viernes por personal de la Gendarmería Nacional y de la Dirección de Bosques de la provincia de Río Negro se secuestraron cuatro camiones con troncos y leña, herramientas para la poda y corte, productos de tala ilegal, documentación, equipos tecnológicos y animales no autorizados.

De acuerdo a lo informado por la fiscalía, el desalojo del predio impidió que se prolongara el daño ambiental y que se cometieran posibles defraudaciones a personas desprevenidas interesadas en la adquisición de los terrenos.