En los tribunales federales de Comodoro Py, se reanudó el viernes el juicio al ex presidente de la Casa de la Moneda durante los diez años de gobierno de Carlos Menem, Armando Gostanián, a quien se acusa del pago de sobreprecios a la empresa alemana "Atlantic Zeiser" en la compra de equipos y repuestos de máquinas numeradoras de billetes. También, son juzgados el ex vicepresidente de la institución Juan Carlos Kalfaian; el ex gerente general y director Rubén Chorbadjian, y Jorge Molina, quien actuó como agente intermediario. En la audiencia, declaró un testigo que se desempeñó como auditor interno en la sociedad del Estado.

El testigo había sido propuesto por las defensas y fue consultado sobre la actividad de su área, que consistía, según dijo, en el control de arqueos y expedientes. “Formalidades: cotizaciones, requerimientos y órdenes de compras”, expresó. El fiscal general Diego Luciani le preguntó si se verificaban precios y cómo fue su nombramiento.

Según la acusación, entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda contrató a la firma germana y le encargó varios equipos. Estas contrataciones tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con la empresa a través de Molina. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago.

La causa

El expediente se abrió en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento, se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de la empresa “Atlantic Zeizer”, Karl Georg Schillinger, en base a la entrada en vigencia de una ley contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales. Al inicio de la década del ’90, la empresa Atlantic Zeizer (o Az GMBH) proporcionaba sus productos a la Casa de la Moneda argentina. En noviembre de 1994, una persona se comunicó con Schillinger para informarle que las entregas debían realizarse directamente con la entidad y que se debía transferir, como contrapartida, una comisión del 30 por ciento con respecto al valor del pedido.

En el marco de esas transacciones, se realizaron pagos a Molina, quien en 1998 comunicó la modificación del lugar de los depósitos: de un banco en Uruguay a una cuenta en Suiza. En el expediente, consta una nota de octubre de ese año donde se remite a una reunión entre Molina y un “Mister X” en la Casa de la Moneda. Allí se explican los problemas que se habrían producido durante las transferencias.

Fue el banco suizo quién le informó a la fiscalía de Sttugart que el titular era Armando Gostanián y que la cuenta tenía extensión a su mujer y su hijo. En el exhorto se explicaba, además, que durante una conversación telefónica, Molina habría comunicado que además de los pagos a “Mister X”, él debía derivar una parte de las comisiones que percibía a Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjian.

La maniobra

En base a lo detallado en el documento, se estableció que entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda contrató a Atlantic Zeiser y le encargó varios equipos. Estas “contrataciones” tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con el titular de la empresa alemana (Schillinger) a través de Molina, presidente de las empresas Moligraf y Acremo S.A y representante comercial de AZ. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago.

Ese 40 o 50 por ciento adicional era entregado por la firma alemana a Gostanián por medio de depósitos bancarios y a Molina a través de transferencias o en efectivo, quién debía, a su vez, darle un porcentaje a Kalfaian y a Chorbadjian.

Según la normativa de la Casa de la Moneda, las operaciones con montos superiores a 35 mil pesos (como lo fueron todas las operaciones con AZ) debían ser aprobadas por el Directorio. Ese órgano estaba conformado por el presidente, el vicepresidente y el director, es decir, Gostanian, Kalfaian y Chorbadjian. De acuerdo a la acusación fiscal, los acusados justificabana través de expedientes formales “las erogaciones de caudales públicos” con el fin de adquirir productos con precios inflados. Esa irregularidad no se podía detectar porque la empresa era la única que fabricaba este tipo de bienes.

El debate oral y público se reanudará el viernes 10 de abril, desde las 9:00. Se espera que ese día declaren dos peritos.