Hoy fue el turno de la primera audiencia con declaraciones indagatorias ante el Tribunal Oral Federal N°2 en el juicio por tentativa de extorsión seguido a Marcelo D’Alessio, el fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, el miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Oscar Álvarez y el ex integrante de ese organismo Hugo Rolando Barreiro. Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el titular de la Fiscalía General N°1 ante los tribunales orales federales porteños, Diego Luciani, y la auxiliar fiscal Mercedes Galli.

Previo al momento de las indagatorias, el Ministerio Público Fiscal contestó los planteos preliminares de las defensas que habían solicitado la unificación de la causa con la que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores, donde D'Alessio se encuentra acusado por asociación ilícita, entre otros delitos.  En este marco, la fiscalía señaló que “todos los cuestionamientos formulados por las defensas deben ser rechazados” y fundamentó que se trata de planteamientos ya realizados y rechazados en la etapa de instrucción. En relación a la incompetencia en razón del territorio, la fiscalía señaló que “además de que no procede procesalmente, de la lectura del requerimiento de elevación a juicio no se desprende ninguna circunstancia que indique que al menos una parte o un acto de esta maniobra se hubieran producido en jurisdicción de Dolores”.

En este mismo sentido, sobre el planteo de las dos defensas sobre la existencia de una presunta múltiple persecución, la fiscalía respondió que el Juzgado Federal de Dolores “aceptó tácitamente su falta de competencia en este hecho, pues de lo contrario debió haber insistido y planteado la controversia a su superior jerárquico para que dirimiera la cuestión”. Asimismo, el MPF añadió que “esta causa se encuentra más avanzada que la de Dolores, pues esta última está en etapa de instrucción. Es decir, se hallan en estadios procesales diferentes (juicio e instrucción)”.

A su vez, Luciani se refirió a la situación de prisión preventiva de D'Alessio (actualmente privado de su libertad en el complejo federal de Ezeiza), al principio de celeridad procesal y al derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. “Su situación amerita adoptar los recaudos necesarios para otorgar celeridad a la tramitación de las actuaciones. Se busca llegar a un pronunciamiento que ponga fin al estado de incertidumbre y de restricciones en el ejercicio de derechos”, señaló.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió rechazar la unificación de la causa planteada por las defensas y solo hizo lugar a uno de los planteos preliminares, reduciendo la potestad de la querella en su intervención en el proceso. La querella podra intervenir pero no solicitar pena.

Declaraciones indagatorias

Tanto Barrerio como Álvarez se negaron a prestar declaración por el momento. Por su parte, el fiscal provincial Bidone ofreció un extenso descargo en el cual rechazó las acusaciones en su contra y señaló que su relación con D'Alessio y Barreiro estaba relacionada a sus actuaciones como fiscal en la causa que investiga el triple homicidio de General Rodríguez, en alusión a la pesquisa por la muerte de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bin en agosto del 2008.

En este marco, Bidone señaló que la colaboración del entonces agente de inteligencia Barreiro llegó a él luego de una reunión con los ex titulares de la AFI, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, quienes ofrecieron su apoyo. Asimismo, el acusado señaló que sus investigaciones se rencontraban respaldadas por el fuero federal y que había sido reconocido por las autoridades judiciales por sus aportes. En este mismo sentido agregó que fue Barreiro quien le presentó a D'Alessio, a quien describió como un “buen analista", aunque aclaró: “No pretendo defenderlo”.  Además, afirmó que no conocía al empresario Gabriel Traficante, ni de la relación que tenía Barreiro y D'Alessio. En ese sentido, se defendió:  "El legajo fiscal es informal pero no ilegal". "Pude haber sido desprolijo, desordenado, pero no cometí un delito”, enfatizó en relación a la acusación que lo apunta por escamotear información en el legajo.

Tras la declaración indagatoria del fiscal, no se pudo concretar el descargo del principal imputado, D'Alessio, el cual  se realizará en la próxima audiencia, programada para el lunes 22 de marzo entre las 9.00 y las 12.00.

Acusaciones

El centro de debate del juicio son las maniobras de tentativa de extorsión de las cuales habría sido víctima el empresario Gabriel Traficante, ocurridas entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016.  La acusación sostiene que D'Alessio habría solicitado dinero a la víctima “a cambio de colaboración para frenar una investigación penal en su contra y la mención de su nombre en medios periodísticos”.  A su vez, en el requerimiento de elevación a juicio el Ministerio Público Fiscal había señalado que D’Alessio fue autor de la extorsión, mientras que el resto de los acusados ejecutaron “aportes sustanciales para que la amenaza pudiera desarrollarse”, en calidad de partícipes necesarios.

Además, el MPF había señalado en la mencionada presentación que D'Alessio buscó “atemorizar a Traficante” para que “accediera a su petición, a través de dos canales distintos. En primer lugar, haciéndole saber sobre la existencia de una investigación irregular en su contra en el fuero penal económico, respecto de la cual le ofreció desvincularlo, ya que podía eliminar la prueba que lo incriminaba, en función de su supuesta calidad de agente de la AFI y los contactos que tenía en la justicia”. Por otro lado, haciendo alusión “a la posibilidad de frenar la mención de su nombre en los medios de comunicación, en especial en el diario Clarín debido al vínculo que mantenía con el periodista Daniel Santoro”.