El Tribunal Oral Federal N°2 dio inicio hoy al juicio por tentativa de extorsión a Marcelo D’Alessio, actualmente detenido de forma preventiva en el Complejo Penal Federal n°1. También llegaron como acusados al debate oral por el mismo delito el fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, el miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Oscar Álvarez y el ex integrante de ese organismo Hugo Rolando Barreiro, también apuntados por el mismo delito. Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y la auxiliar fiscal Mercedes Galli. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.

En la primera audiencia el tribunal, integrado por Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori, realizó la lectura de requerimiento de elevación a juicio y declaró formalmente abierto el debate. El Ministerio Público Fiscal no realizó planteos preliminares, a diferencia de la defensa del principal imputado, que solicitó la unificación de la causa con la que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores, donde está acusado por asociación ilícita, entre otros delitos. La defensa de Bidone adhirió también al planteo. En la próxima audiencia, prevista para el lunes 15 de marzo a las 10:30, la fiscalía responderá a los planteos preliminares.

Los hechos que son objeto del debate

Los hechos a juzgar se centran sobre las maniobras extorsivas de las cuales habría sido víctima el empresario Gabriel Traficante, entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016.  Durante ese periodo de tiempo, D' Alesio habría solicitado dinero a la víctima “a cambio de colaboración para frenar una investigación penal en su contra y la mención de su nombre en medios periodísticos”.  En este mismo sentido, en el requerimiento de elevación a juicio la fiscalía había señalado que D’Alessio fue autor de la extorsión, mientras que el resto de los imputados “realizaron aportes sustanciales para que la amenaza pudiera desarrollarse”, en calidad de partícipes necesarios.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal indicó en esa presentación que “D’Alessio procuró atemorizar a Traficante para que accediera a su petición, a través de dos canales distintos. En primer lugar, haciéndole saber sobre la existencia de una investigación irregular en su contra en el fuero penal económico, respecto de la cual le ofreció desvincularlo, ya que podía eliminar la prueba que lo incriminaba, en función de su supuesta calidad de agente de la AFI y los contactos que tenía en la justicia”. Además, la acusación sostiene que pretendió obligar a Traficante haciendo alusión “a la posibilidad de frenar la mención de su nombre en los medios de comunicación, en especial en el diario Clarín debido al vínculo que mantenía con el periodista Daniel Santoro.”

En este contexto, la acusación dio por verificada la amenaza de acuerdo a las pautas de esa etapa procesal, “ya que para Traficante el hecho de no cumplir con la entrega del dinero requerido significaba un mal grave y futuro”. De negarse la víctima hubiese sufrido por un lado el desprestigio de artículos periodísticos en su contra y, por otro lado, la utilización de los contactos en la justicia de D' Alessio para perjudicarlo procesalmente, configurando “la posibilidad de ser privado de su libertad en una causa penal”.

En relación a Bidone, el MPF indicó que ejerció “sus potestades como fiscal de manera abusiva”, involucrando de manera irregular a Traficante en una causa penal con el objetivo de colaborar con la extorsión. Por otro lado, la investigación acreditó con la suficiencia requerida en esa instancia que Álvarez realizó actividades de inteligencia prohibidas, ordenadas por el fiscal provincial. A su vez, Barreiro fue presentado como agente de la AFI, aunque ya no lo era, con el fin “de presionar e infundir más temor a Gabriel Traficante". “En conclusión, las pruebas recolectadas durante la instrucción permiten determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, la participación de los imputados en el hecho criminal atribuido, animada por el dolo específico requerido por el tipo penal reprochado”, había sintetizado el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.