El titular de la Fiscalía Federal N°7, Ramiro González, puso a consideración del responsable del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, una serie de medidas de prueba propuestas por el fiscal general interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Walter Rodríguez, en el marco de la investigación, seguida contra el ex presidente chileno Sebastián Piñera y otros funcionarios argentinos, por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, por la adjudicación de las rutas áreas de la empresa LAN.

Las medidas sugeridas se enmarcan en el nuevo reglamento de la PIA, aprobado por Resolución PGN 757/16, y consisten en una serie de declaraciones testimoniales que contribuirían a determinar el rol el ex Subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirieli, cuando la empresa LAN comenzó a operar en Argentina. Asimismo, dichas medidas arrojarían luz sobre el tipo de participación que tuvo la firma “AERO 2000 S.A.” y situaciones ocurridas en torno al “Convenio de Transferencia de Acciones” acordado entre la citada firma y LAN Chile, además de los pormenores ocurridos en el marco de las reuniones celebradas durante el año 2006 entre Piñera y el entonces Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

También, la Procuraduría recomendó la solicitud de documentación entre las que se destacan la incorporación del Decreto 1012/2006, que refiere a las sociedades comerciales de capitales que explotan servicios de transporte aéreo interno e internacional. Asimismo, se apunta a determinar la existencia de audiencias entre Piñera y Jaime y los movimientos migratorios de los involucrados.

Otra de las recomendaciones efectuadas por el fiscal Rodríguez es dar intervención a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, creada por Resolución PGN N°339/2014, con el objeto de detectar y cautelar los bienes relacionados con el delito investigado; como así también se ofreció la realización de una investigación de naturaleza patrimonial respecto de la empresa CAESA S.A., ligada a Jaime.

Por último, en la presentación también se pusieron a consideración medidas tendientes a individualizar movimientos bancarios correspondientes a Latam Airlines Group S.A y sus balances contables, además del informe emitido por la OCDE, como así de toda documentación que refleje las investigaciones practicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Securities and Exchange Commission (SEC), y la acreditación de tres transferencias bancarias realizadas por intermedio de First Clearing LLC del Banco Wachovia y la firma CAESA S.A.