El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó ayer a seis de los diez imputados que llegaron a juicio, por su responsabilidad en la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro identificado como Yectafer, que entre 2003 y 2004 produjo la muerte de al menos tres personas y causó daños en la salud de otras 29 víctimas. Además, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal dispuso el pago de indemnizaciones a las víctimas por un monto de 1.030 millones de pesos, por el daño moral y material causado.

En el debate intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante esos tribunales, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Denise Belieres, con la asistencia del equipo de trabajo conformado por Clara Acevedo Freixas, Federico Donth Leger y Guillermo Mengarelli. En el alegato, los represnetantes del MPF habían solicitado penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados.

El juicio se había iniciado en noviembre de 2023 y el TOCF N°3 estuvo integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. El próximo 19 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

Las penas más elevadas —de 8 y 7 años de prisión, respectivamente— fueron impuestas a Pablo Jorge Cernadas y Daniel Rabinovich. El primero era director de compras y el segundo, uno de los dueños de la droguería Quimbel, que comercializó el producto. Ambos fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, en concurso material con el delito de asociación ilícita en calidad de miembros.

El diseñador gráfico Miguel Cervera —dueño de la empresa Ampopack que proveyó las ampollas para el medicamento adulterado—, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del delito de suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas.

En tanto, al empresario Alberto Mario Akawie (cobró cheques en la maniobra), el comerciante Adrián Quintela y el repartidor Víctor Scattolini (ambos aportaron facturas truchas), el tribunal les impuso la pena de 4 años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

En tanto, el empresario Santiago Lucio Gavazza fue absuelto al no haber mediado acusación fiscal en el juicio, mientras que el empresario Roberto Gegenschatz (el otro dueño de la droguería Quimbel), el chofer Diego Hernán Manzotti y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale, fueron absueltos por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas agravada por muerte y asociación ilícita.

Algunos de los imputados de la causa Yectafer en la transmisión de la audiencia de inicio del juicio en 2023. Foto de archivo: captura de Zoom

Por otra parte, el tribunal absolvió a Cervera por el delito de asociación ilícita y a Akawie, Quintela y Scattolini por el delito de comercialización de medicamentos disimulando su carácter nocivo agravado por muerte.

Asimismo, declaró extinguida por prescripción la acción penal por encubrimiento agravado en una causa conexa (la N°5924/2007) en la que se investigaba la adquisición del medicamento Tobi en la droguería Quimbel, el cual provenía del mercado ilegal luego de ser objeto de una estafa con cheques falsos. En consecuencia, absolvió a Akawie, Cernadas, Gegenschatz, Quintela, Rabinovich y Scattolini por ese delito.

El tribunal fijó indemnizaciones para resarcir a las víctimas por un monto global de 1.030 millones de pesos, destinando $450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que estaba cursando un embarazo, $300 millones para los familiares de otra de las víctimas fatales y montos de entre $10 y 20 millones para las víctimas de lesiones por el daño moral y material causado, con los intereses que se calculen a partir de la fecha de la sentencia

El caso

Durante su alegato del 19 de agosto pasado, la fiscalía tuvo por acreditada la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Según expuso, se falsificó e imitó el producto original —cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio Astrazeneca— para disimular sus propiedades nocivas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los peritajes determinaron que el producto adulterado contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, además de diferencias en el PH y la densidad respecto del medicamento original.

Si bien al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había requerido el juicio por la muerte de cinco personas y daños en 33 víctimas, el fiscal Osorio finalmente atribuyó a los imputados la responsabilidad por cuatro muertes y por las lesiones sufridas por otras 29 personas. Los tres homicidios culposos por los que finalmente condenó el TOCF fueron los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35). “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, afirmó durante su exposición.

En relación con una de las víctimas, el representante del MPF recordó que Giménez cursaba un embarazo de 22 semanas, fue sometida a una cesárea de urgencia en noviembre de 2004 y que su hijo nació sin vida y ella murió a los pocos días.

“Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal”, sintetizó el fiscal en su alegato.

En su exposición, Osorio enfatizó que el accionar de los imputados causó un “gravísimo daño a la salud pública” a la que pusieron en riesgo. Asimismo, subrayó que el accionar vinculado a Yectafer “no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal”.

La investigación incluyó a otros cinco acusados que no llegaron a la instancia de juicio debido a su fallecimiento durante el proceso. Entre ellos se encontraban Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, a quienes la fiscalía sindicó como jefe y organizador de la asociación ilícita que habría montado el laboratorio clandestino donde se elaboró el medicamento adulterado.