El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino, anunció hoy que el próximo lunes 21 de abril dará a conocer la sentencia de la causa donde se investiga a María Julia Alsogaray por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora". También, fijo que la ex polifuncionaria menemista y el ex coordinador general de ENTel Gustavo Daneri podrán pronunciar sus últimas palabras en el juicio el 14 de abril, mientras que Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickhenhayn (representantes de KPMG) lo harían el mismo día de la sentencia.

Durante la audiencia de hoy, se escucharon las réplicas a cargo de la fiscal Sabrina Namer, quién contestó lo planteado por las defensas en sus alegatos de la semana pasada. La representante del Ministerio Público explicó que Daneri "tendió a beneficiar a la UTE en perjuicio del Estado".

Además, explicó la ausencia de la Oficina Anticorrupción en el debate (algo que mencionó la defensa oficial de Alsogaray) y detalló que esa entidad se presentó como querellante y fue rechazada, a lo que interpuso un recurso, que también fue desestimado.

Namer sostuvo que deben rechazarse los planteos de nulidad presentados por la defensa, ya que "no hay elementos para sostenerlo" y consideró que esto ya fue planteado durante las cuestiones preliminares.

Por su parte, las defensas de Pflaum y Daneri consideraron que "no saben de qué deben defenderse", y calificaron al planteo de la Fiscalía como "genérico". Por su parte, la abogada de Alsogaray expresó que, luego de 20 años de los hechos, "la sociedad está más preocupada en cuestiones de los que nos gobiernan actualmente que en estos hechos".

Cabe recordar que la fiscal había solicitado en su alegato cuatro años de prisión para la ex polifuncionaria por considerarla responsable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora". Por ese mismo delito, para Daneri había pedido 3 años de prisión.

La representante del Ministerio Público consideró como partícipe a Pflaum y requirió para él dos años de prisión en suspenso, mientras que solicitó la absolución de Pickhenhayn, también representante de la empresa.

Alegato de la fiscalía

Namer había dado por acreditado que Alsogaray, en su condición de titular de ENTel en liquidación junto con el coordinador general de la empresa pública Daneri beneficiaron de manera indebida y "en contra de los intereses del Estado", a la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por las firmas KPMG, Copiga y el estudio Fernández Madero.

En su alegato consideró probado que Alsogaray y Daneri otorgaron de manera irregular el contrato de obra pública, donde se especifica que se pagaría 488 mil pesos y una retribución del 18% por el material que se recuperara. Las irregularidades mencionadas por Namer consistieron en un direccionamiento de la contratación, al limitar la cantidad de empresas que pudieran acceder, algo que impidió al Estado contar con la posibilidad de una oferta mejor.

"Los funcionarios de la Unión Transitoria de Empresas sabían que hicieron una oferta con información que le proveyeron funcionarios de ENTel", había expresado en marzo la fiscal y afirmó que resulta "una farsa", la apariencia legal que se le hizo a la contratación. Por otra parte, cuantificó las pérdidas para el Estado en más de 5 millones de pesos-dólares, una cifra que puede aumentar, ya que aún hay juicios pendientes.

La causa

El juicio comenzó el 11 de febrero pasado. Los hechos investigados corresponden a un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex ENTel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.”, y por el estudio Fernández Madero. La contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de ENTel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.