El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará el próximo lunes 8 de abril con el debate donde se juzgará la presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y el posible cohecho en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006. Los imputados son el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López y el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Alberto Ulloa. Además, serán juzgados 9 directivos de la compañía “Skanska” y 17 representantes de otras empresas.

En el debate, que estará a cargo de los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel y la jueza María Gabriela López Iñiguez, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOF porteños, Abel Córdoba. Se espera que durante el desarrollo del juicio declaren 90 testigos.

Los exfuncionarios públicos que llegaron a juicio fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello como coautores del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con cohecho pasivo”. A los directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba se les atribuyó una participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se los señaló como coautores del delito de cohecho.

Ese mismo delito se le atribuyó a los 17 representantes de las empresas que emitieron facturación falsa para justificar los sobornos. Se trata de Adrián López, de Infiniti Group; Jorge Butti, contador de las empresas Conaza SA. y AMSA SA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini SA; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM SA; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht SRL; Estela Insenga, apoderada de SPITAL HERMANOS SRL; Danimiro Kovacik, presidente de INARGIND; Claudio Moreto, presidente de Conaza SA; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris SRL; Raúl Orsini, presidente de CONUMI SA; y Blas Luis Pierotti, presidente de GENERART SA.

La lista de representantes de las compañías acusadas de facturación falsa incluye a Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán SA; Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe SA y Comunication & Business SA; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos SRL; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM SA y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones SRL.

El caso

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, entre noviembre de 2004 y abril de 2006, se habrían pagado coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS);  la incorporación de potencia de comprensión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora

Esos pagos habrían sido instrumentados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y, para justificar esos pagos y darle un marco legal, aunque aparente, Skanska habría simulado operaciones comerciales con 24 empresas.  

En base a la evidencia recolectada durante la investigación, se indicó que los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo percibieron pagos instrumentados por los directivos de Skanska, quienes extrajeron 13.949.829,87 pesos de la filial argentina de la multinacional sueca con el objeto de destinar, al menos parte del total, al pago de esos sobornos. 

Durante la etapa de debate, la Fiscalía General N°8 ante los TOF, con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, solicitó la actualización de los montos de los embargos ordenados en el procesamiento. 

Tanto para los funcionarios como para Pecom S.A (exSkanska) y para los directivos de esa empresa el monto del embargo ordenado pasó de 49 millones de pesos a 150.752.273 pesos. Para los representantes de las empresas utilizadas para emitir facturación falsa la suma fijada en el procesamiento se actualizó de 14 millones de pesos a 44.610.366,50 pesos.