07 de julio de 2022
07 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía General Nº1, a cargo de Diego Luciani
Causa Vialidad: el debate se reanudó a través de la plataforma virtual Zoom
Hoy declararon en calidad de testigos Marcelo Ramírez y Enrique Romero, ambos a propuesta de la defensa del imputado Nelson Periotti. Las próximas audiencias serán el lunes y martes de la semana que viene.

Luego de cuatro meses de interrupción por la pandemia de coronavirus, hoy se reanudó ante el Tribunal Oral Federal Nº2, de manera remota, el juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz en el que están acusados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otras diez personas, entre empresarios y funcionarios nacionales y provinciales. En el debate interviene el fiscal general Diego Luciani y como querellantes la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El debate transita la etapa de producción de prueba y se espera que declaren alrededor de 180 testigos. Hoy lo hicieron Marcelo Ramírez –ingeniero vial y presidente de la Asociación Argentina de Carreteras- y Enrique Romero –quien se desempeña como vicepresidente de esa Asociación y ocupó cargos directivos en el Instituto del Cemento Portland Argentino-, a propuesta del abogado defensor de Nelson Periotti.

Desde las 9:30 y por Zoom, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso comenzaron la transmisión en vivo de la audiencia. Las defensas manifestaron su disconformidad sobre la modalidad virtual, y alertaron sobre la presunta violación de defensa en juicio y del debido proceso. El abogado Enrique Arce, que representa al imputado Carlos Kirchner, solicitó la nulidad.

Sobre dicho planteo opinó el fiscal general Luciani. Recordó que en junio expresó su conformidad para retomar las audiencias y que recientes planteos de las defensas fueron resueltos por el Tribunal. Asimismo, manifestó que los principios que regulan la fase de juicio "de ninguna manera resultan transgredidos” por retomar el debate de manera virtual.

“Se está asegurando la contradicción, la prueba está a resguardo y a disposición de las partes”, afirmó Luciani. También explicó que no se encuentran afectados los derechos de defensa y enfatizó en que el Ministerio Público Fiscal debe velar para que el juicio se realice en un tiempo razonable. El Tribunal no hizo lugar a los planteos y continuó adelante. Durante la audiencia estuvieron presentes letrados de 15 imputados, además de representantes de la OA y la UIF.

Testimonios

Marcelo Ramírez y Enrique Romero declararon en carácter de testigos de concepto y respondieron preguntas de todas las partes –defensas, fiscalía y querellas-. Expusieron sobre cuestiones técnicas, específicas de su lugar de trabajo, sobre vínculos con los imputados y empresas. También sobre tiempos de obra y trámites de licitación. Además se los consultó por su experiencia en la materia.

Los testigos podrán ser convocados nuevamente a declarar si alguna de las partes lo considera. Hacia el final de la audiencia el abogado Mariano Fragueiro Frías solicitó al Tribunal que encuentre la manera de mejorar los “trastornos” propios de la modalidad virtual, tras alertar sobre algunas demoras al momento de comunicar objeciones a preguntas. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta la semana próxima: las próximas audiencias están previstas para el lunes a las 9:30 y el martes a las 14:30. Todavía no se informó quiénes serán los testigos.

Un repaso sobre las acusaciones

Además de a Cristina Fernández de Kirchner, también se juzga la presunta responsabilidad en los hechos del empresario de la construcción Lázaro Báez; del ex ministro nacional de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; de los ex titulares de la Dirección Nacional de Vialidad y la secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner, respectivamente; y del ex subsecretario de Obra Pública Abel Claudio Fatala. Entre los acusados de haber formado parte de las maniobras también se encuentran Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están acusados de defraudar al Estado y en el caso de los seis primeros -Fernández, Báez, De Vido, López, Periotti y Kirchner-, por el delito de asociación ilícita.

En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques entendieron que las condiciones estaban dadas para elevar a juicio el expediente, lo que así solicitaron al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10 Julián Ercolini. En esa oportunidad, los representantes del MPF tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz.

La fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.