En la novena jornada de su alegato, el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola pidieron condenas de entre dos años de prisión en suspenso y doce años de prisión para las personas acusadas en el marco del debate oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Solicitaron la pena más alta para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y para el empresario Lázaro Báez, en tanto que requirieron penas más bajas dentro de aquella escala para otros once exfuncionarios públicos.

La fiscalía pidió además la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos respecto de la y los imputados, y el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos (en rigor, $5.321.049.272,47), monto considerado del perjuicio económico causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto.

Los representantes del MPF requirieron también la extracción de testimonios a fin de que se investigue a personas físicas y jurídicas por diferentes delitos. Concretamente apuntaron la necesidad de establecer si las empresas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac se prestaron a maniobras de simulación de competencia en las licitaciones de obra pública; determinar la posible responsabilidad del titular del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNCOP), Gustavo Galloni, y de la inspectora de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Paola Kiernan, en algunos de los hechos investigados en esta causa; investigar posibles conductas ilícitas relativas a la licitación del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos; y profundizar en las conductas delictivas que surgen de las conversaciones del teléfono personal incautado a José López.

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El pedido de penas

El fiscal Luciani solicitó que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La fiscalía también solicitó 12 años de prisión, accesorias legales y costas para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En tanto, la fiscalía acusó como autores de administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y, en consecuencia, pidió condenas de 6 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas para los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Mauricio Collareda, y para el expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe.

“Los imputados, lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y, consecuentemente, beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Estado Nacional”.

En igual sentido se expresó respecto de otro exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich, y del expresidente de la AGVP, Raúl Gilberto Pavesi, respecto de quienes pidió una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y el pago de las accesorias legales y costas.

Por el mismo delito, Luciani pidió condenas de 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública para el exsubsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala; y el ex presidente de AGVP, José Raúl Santibáñez. Requirió que también afronten las accesorias legales y las costas del proceso. Asimismo, solicitó que se imponga a Héctor René Jesús Garro -otrora presidente de la AGVP- la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, al tiempo que requirió que cumpla con el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal propició la absolución del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, respecto del delito de asociación ilícita por el que llegó imputado a juicio, y pidió su condena a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas como autor del delito de abuso de poder. Al igual que en el caso de Garro solicitaron que se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal por el término de la condena.

La responsabilidad penal atribuida y cuantificación del perjuicio económico causado.

En la audiencia del viernes pasado, y en las primeras horas de la jornada de hoy, la fiscalía analizó la calificación legal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Fernández, De Vido, López Periotti, Fatala, Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi, Santibañez y Báez y Carlos Kirchner.

Tras un cuarto intermedio, Mola retomó el alegato y explicó cómo la fiscalía efectuó los cálculos para estimar el perjuicio económico causado a la Administración Pública a través de la maniobra ilícita desplegada, que implicó “una cuantía desmesurada del daño causado” a los intereses patrimoniales del Estado.

“Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”.

La fiscalía indicó que el “perjuicio estaba dado por todo lo erogado en las obras que fueron abandonadas y rescindidas por la AGVP”, sin contabilizar aquellas que registraban un importante grado de avance al ser abandonadas; y por “todo lo erogado en las obras de remediación de canteras”. Explicó que a ello había que sumarle también las erogaciones efectuadas en las restantes obras “producto de la cartelización del incremento del monto contractual producto de las ilegítimas e ilegales modificaciones de obras; y lo pagado en virtud de las ilegales redeterminaciones de precios, que nunca debieron realizarse en razón de los ostensibles atrasos que tenían estas obras”.

Así, entendió que “el perjuicio lo causado al patrimonio del Estado por la maniobra delictiva perpetrada por los imputados no resulta menor que 5.321.049.272,47 de pesos. Dicho monto, considerado en dólares, asciende a U$S 926.166.134,69".

Administración infiel

Posteriormente, Mola se refirió a la “finalidad del lucro” y destacó que “los imputados tenían, de manera inequívoca, conocimiento de las condiciones bajo las cuales realizaban sus respectivos aportes a la maniobra" y que "cuanto menos Lázaro Báez y los ex presidentes se iban a ver económicamente beneficiados”.

Agregó que “los aportes al hecho de los funcionarios consistieron, en todos los casos, en una concatenación de conductas activas y omisiones que tuvieron, como resultado buscado, beneficiar económicamente de modo directo a Lázaro Báez, e indirectamente a los ex presidentes”.

“Los imputados, lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y, consecuentemente, beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Estado Nacional”, sintetizó la fiscalía.

Reflexiones finales

Previo a su petitorio, el fiscal Luciani efectuó unas consideraciones finales y destacó que “el Estado, como comunidad política y social, es la víctima de estos delitos” y advirtió “que no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran. Porque son, justamente, esos funcionarios los que deben velar por el respeto irrestricto de los principios de la contratación con el Estado. Ello con el fin de evitar, la cartelización. No pregonarla, ni mucho menos, organizarla”.

“En el caso analizado fueron los máximos responsables políticos del país, quienes la han organizado, burlándose de la confianza social de la que eran depositarios, y del poder in situ en las funciones y prerrogativas propias de los cargos con los que fueron investidos”, agregó el representante del MPFN.

“La sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos".

Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. Añadió que, en ese contexto, “nadie estaría de acuerdo en que la Justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios persiguen finalidades alejadas de la misión que se les encomendó”. En tal sentido sostuvo que “la sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía, es garante de la República y del estado de derecho”, sintetizó.

Posteriormente, la fiscalía puntualizó que “la gran corrupción, ésta que describimos en estos alegatos privó de recursos al Estado de manera inequitativa, los sectores más vulnerables se vieron perjudicados”. En virtud de ello, pidió que el dinero, cuyo decomiso solicitó, “debe volver a estos sectores” y agregó que los actos de corrupción cometidos “violaron los principios de derechos humanos de igualdad de oportunidades: sólo accedió a los derechos quien pudo comprarlos, quien se apropió de ellos desde su cargo, y aquellos que no pudieron, quedaron excluidos del sistema”.

Ampliación de indagatoria

Tras el petitorio de la fiscalía, y previo a que el tribunal dispusiera un cuarto intermedio hasta el lunes 5 de septiembre, cuando comenzarán los alegatos de las defensas, la defensa de Cristina Fernández, ejercida por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que su asistida pudiera ampliar su declaración indagatoria en una audiencia a celebrarse mañana.

Argumentó que la vicepresidenta pretendía responder aquellas cuestiones que se introdujeron en el debate y que, a entendimiento de la defensa, no habían sido consideradas en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, como los mensajes extraídos del teléfono celular de José López, el plan “limpiar todo” o lo que se enunció como “el apagón informativo al Congreso”.

El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó la petición. La defensa de la vicepresidenta repuso la solicitud por considerar que resultaba “imprescindible que se escuche a la doctora Kirchner”, lo cual fue nuevamente desestimado.