Los fiscales que actuaron en el juicio oral en el que en 2022 la exmandataria fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada, cuestionan la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal y solicitan que “se declare mal concedido y se revoque el arresto domiciliario” y que la expresidenta “continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”. Además, sostienen que a juicio del MPF, “no se verifican las causales que habilitan el acceso a ese instituto”.