Luego del receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal Nº2 reanudó hoy el debate oral y público que tiene entre sus imputados a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y otros doce empresarios y ex funcionarios públicos y provinciales que llegaron a esta instancia acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. En la audiencia, el titular de la Fiscalía General Nº1 Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola postularon el rechazo a los planteos de las defensas introducidos en audiencias pasadas.

“No hay intención de que este debate oral comience” dijo el representante del MPF a minutos de haberse iniciado la audiencia. Antes de la feria, las defensas habían realizado sus planteos preliminares solicitando, en varios casos, la suspensión del juicio.

La Fiscalía comenzó su exposición brindando respuestas a las cuestiones preliminares expuestas oportunamente por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández. Al respecto, Luciani argumentó que en ningún momento se violó el derecho de defensa y que lo que se pretende es el “verdadero dilate del proceso”. La defensa había requerido, entre otras cosas, que se suspenda el debate por no estar completa la instrucción suplementaria. Sobre este punto, la Fiscalía señaló que el Tribunal había resuelto la cuestión en dos oportunidades y sostuvo que no se manifestaron garantías vulneradas. “En definitiva todos sabemos que no hay ninguna afectación, el 16 de agosto (de 2019) es la fecha para la presentación del informe del peritaje, antes que circulen testigos, peritos e indagatorias. Es una mera invocación procesal carente de un argumento fáctico”, concluyó.

Por otra parte, el MPF afirmó que “se está impidiendo el juicio, que es el ámbito para conocer la verdad”.  Asimismo, explicó su posición respecto a que los imputados no estén presentes en el debate: “Tienen que estar acá para hacer su defensa material”, consideró. Y enfatizó: “debemos celebrar hacer este juicio en un plazo razonable. Se trata de un caso de interés general. Hablamos de 51 obras y de expedientes voluminosos”. La Fiscalía también resaltó la importancia del principio de publicidad.

Los fiscales expusieron que varios de los planteos no constituían cuestiones preliminares, según lo establecido en el art. 376 del Código Procesal Penal de la Nación; que muchos ya habían sido introducidos en la etapa de instrucción o en esta misma instancia; que fueron revisados por los tribunales superiores y, finalmente, que varios de ellos resultaban absolutamente improcedentes.

Al concluir, el fiscal general Luciani, ante algunas expresiones de las defensas que cuestionaron la realización o la legalidad del proceso, destacó los deberes que la Constitución Nacional y las leyes le imponen a los integrantes del Ministerio Público Fiscal; en concreto, el de velar por la realización de un juicio justo que permita arribar a un veredicto sobre los hechos que constituyen la hipótesis acusatoria.

Asimismo, recordó la autonomía funcional que la Constitución asigna a los fiscales para la realización de sus funciones, que implica la total independencia de injerencias de cualquier otro poder del Estado, y el deber de actuar en defensa de los intereses de la sociedad, según establece el artículo 120.

Durante aproximadamente cuatro horas, el MPF contestó punto por punto cada uno de los 51 planteos. En la próxima audiencia se espera que lo haga la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervienen como querellantes en el juicio.