El responsable de la Fiscalía General N°1 ante al Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, solicitó ayer que la Sala IV de ese tribunal condene a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández; al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Guillermo Periotti; y al empresario de la construcción Lázaro Báez, como jefa y organizadores -respectivamente- de una asociación ilícita que desvió fondos e incurrió en irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz.

Además, y en línea con el recurso oportunamente presentado por el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola, Villar requirió que se dejen sin efecto las absoluciones que beneficiaron a De Vido, al exsubsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala y al entonces presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP) Héctor René Jesús Garro. También pidió la revisión del sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción dispuesto en favor del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, quien estaba acusado por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Villar le solicitó a los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky que modifiquen el monto del decomiso dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal, en su sentencia del 6 de diciembre pasado, de 84.835.227.378,04 pesos a 5.321.049.272,47, actualizado al momento de ejecutar la sentencia.

El caso

De acuerdo con la investigación desarrollada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Cristina Fernández, junto a otros doce imputados, entre empresarios y exfuncionarios públicos nacionales y provinciales, intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

En su alegato, que duró nueve jornadas, los fiscales Mola y Luciani tuvieron por probados los hechos investigados y solicitaron la imposición de penas de entre 2 y 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada, administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, entre otros delitos.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, presidido por el juez Jorge Gorini e integrado por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los condenó a penas de entre 3 y 6 años de prisión. La decisión fue recurrida ante la Casación por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Los argumentos del fiscal general Villar

Al mantener el recurso ante la Sala IV, el fiscal general Mario Villar coincidió con sus colegas de la instancia previa y señaló que se había probado la existencia de una asociación ilícita integrada por Fernández, De Vido, López, Pierotti y Báez, que realizó los desvíos de fondos y se organizó para realizar dichas defraudaciones.

Por otra parte, cuestionó la resolución del TOF N°2 en cuanto rechazó la aplicación de la figura de asociación ilícita sobre dos argumentos: que al considerar que se trataba de un solo hecho de administración fraudulenta no se configuraría los planes múltiples que requiere la figura penal y que no se daba el número de integrantes necesarios para conformar la asociación ilícita.

Sin embargo, el fiscal general indicó que la asociación ilícita no exige que los hechos planificados se realicen sino que lo que se castiga es la calidad de miembro de una asociación de tres o más personas, con cierta permanencia en el tiempo y la planificación delitos indeterminados. Entonces, aun cuando se trate como un único delito los 51 hechos de administración fraudulenta, ello no afecta la consumación de aquel delito.

En este contexto, Villar fue contundente al destacar que en el caso no se daba un delito continuado, sino que las 51 obras públicas cuestionadas constituían varias defraudaciones independientes. Indicó que esta unidad jurídica causó una escala penal alejada de la gravedad del ilícito y de la culpabilidad de los imputados. A su vez, marcó que el tribunal podría haber considerado, como alternativa viable, un concurso real durante tres administraciones presidenciales.

El fiscal general también desestimó el argumento de la cantidad de miembros de la asociación ilícita, que funcionó entre 2003 y 2015 -durante tres periodos presidenciales- al tiempo que destacó que la misma estaba integrada por Fernández, Báez, De Vido, López y Pierotti, desde el inicio.

Por otra parte, Villar mantuvo la presentación de Luciani y Mola y requirió que se revieran las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro. Con relación al exministro de Planificación Federal, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el TOF N°2 incurrió en una arbitrariedad al sostener que no existía estrecha relación entre el imputado y el patrimonio del organismo vial, por lo que no se configuraba la posición de garante. Villar consideró que el argumento de la delegación de funciones no eximía a De Vido de su obligación de contralor de la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad.

En cuanto a Fatala, manifestó que también debía revocarse su absolución, por cuanto era quien ejercía las funciones de contralor en la DNV y asistía al secretario de Obras Públicas en todos los procesos licitatorios. En tal sentido, cuestionó que el tribunal oral haya desvinculado a Fatala, argumentando -a su entender, arbitrariamente- que el funcionario tenía el deber de controlar lo que ocurría en la DNV, pero que su labor era “irrealizable”.

Finalmente, también cuestionó la desvinculación de Garro y que el TOF hubiera analizado únicamente su intervención como presidente de la AGVP en dos expedientes y que no haya considerado las acciones previas que desarrolló como vicepresidente del organismo. Para el fiscal general, “su actividad como presidente reafirma los actos cometidos como vicepresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz”.

En línea con el recurso de Luciani y Mola, el fiscal Villar también pidió que se reviera la situación de Carlos Kirchner debido a que la solución brindada por el TOF resultaba “meramente formalista". "Interpreta participación en el sentido de la Teoría del Delito, pero no responde a los fundamentos de la legislación de la norma en el Código Penal, que se refiere a una unidad de significado”, puntualizó.

Para concluir su presentación, Villar pidió que se revea el monto del decomiso y se aplique el oportunamente pedido por la fiscalía. Ello debido a que, para alcanzar la cifra de 5.321.049.272,47, el Ministerio Público Fiscal consideró que las obras incompletas y la remediación de canteras debían contarse en su totalidad y como parte del perjuicio causado. En tal sentido, sostuvo: “una ruta no terminada no cumple su función. Es dinero malgastado".

Solicitudes del MPF

Por todo lo expuesto, Villar le pidió a los jueces de la Sala IV que condenen a Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión como jefa de la asociación ilícita y que se les imponga una pena -a graduar por el Tribunal de origen- a De Vido, López, Periotti y Báez, como organizadores de la asociación ilícita.

También, requirió que se revocaran las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro, y se lo condenara por administración fraudulenta. Manifestó también que debía dejarse sin efecto el sobreseimiento de Carlos Kirchner y que correspondía imponerle la pertinente condena como autor del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Finalmente, solicitó que se confirmaran las condenas oportunamente dispuestas a los restantes imputados, se hiciera lugar al decomiso en los términos planteados por la fiscalía y con la actualización correspondiente.

Las audiencias se reanudarán el próximo 29 de febrero, desde las 10 con los planteos de las defensas, los cuales están previstos que concluyan en abril.