Domingo Felipe Cavallo amplió hoy su declaración indagatoria en el marco del juicio en el que es juzgado junto al ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y funcionarios de la administración nacional por el presunto pago de sobresueldos entre 1989 y 1999.

Durante su exposición, el ex ministro de Economía entre 1991 y 1996 apuntó contra un informe de la Oficina Anticorrupción y los encargados de elaborarlo, en donde se establecía que los fondos reservados habían aumentado durante las presidencias del ex gobernador riojano. Cavallo atribuyó las cifras calculadas a “una tremenda intencionalidad en desprestigiarnos” y aseguró que, por el contrario, esos montos se habían reducido.

Para su declaración se valió de un informe elaborado recientemente por él mismo, según señaló, y pidió que sea tenido en cuenta en la causa. Ante una pregunta de los representantes del Ministerio Público Fiscal Stella Maris Scandura y Juan Manuel Gaset, volvió a indicar que se cobraban sobresueldos, al igual que lo hiciera la primera vez que brindó declaración indagatoria en este juicio oral y público. “Estoy convencido de que esta práctica llega desde muy lejos y sucedió durante la presidencia de Raúl Alfonsín”, señaló luego.

Más temprano había declarado como testigo el contador general de la Nación, César Sergio Duro, quien fue consultado por las partes acerca de las transferencias que pueden realizarse entre ministerios, mecanismos de pago y su registro en la contabilidad nacional.

También dio su testimonio Juan Cayetano Intelisano, que desde 1992 se desempeñó como director general de Administración del Ministerio de Economía. Durante su relato dijo que desde la sanción del decreto 838 de 1994 -por el que se fijaron los sueldos básicos y se habilitó a los ministros a asignar un importe mensual en concepto de reintegro “para afrontar los gastos protocolares que la función les requiera”- hasta 1996 el fallecido ex subsecretario Luis Murina le solicitaba el dinero en efectivo, y se lo bajaba a su oficina en el quinto piso.

La acusación

Según el requerimiento de elevación a juicio, las sumas utilizadas como sobresueldos provenían de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados, "cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo". El dinero habría sido administrado en la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete de Ministros (órgano que reemplazó a la primera a partir de 1994).

Se presume que desde esos organismos eran distribuidas las sumas mensualmente a los titulares de los distintos Ministerios y Secretarias de Estado, quienes se encargaban de poner los fondos "fuera de la esfera de custodia de la administración". Esto lo hacían "apropiándose de su totalidad o haciéndolo respecto de una parte y otorgándole a los funcionarios de menor jerarquía la posibilidad de sustraer la restante". La maniobra “contó con la participación de numerosos funcionarios, cada uno de los cuales lo hizo en un estadio particular de la evolución del ilícito y con una tarea determinada”.

En ese sentido, la acusación indica que Menem y el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión actuaron como autores y los demás imputados como partícipes necesarios. En cuanto a Camilión, el proceso se encuentra suspendido por no encontrarse en condiciones para asistir a las audiencias.

También son juzgados la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia).

Fondos comunes vs. fondos reservados

El sistema de administración financiera del Estado (Ley 24153) impone que las erogaciones, pagos y transferencias de los recursos comunes asignados por Presupuesto deben ser manejados a través de órdenes de pago y la “cuenta única del Estado”: la administración del órgano en cuestión emite la orden y la Tesorería General de la Nación cancela la obligación en la cuenta del acreedor. Por el contrario, cuando los fondos asignados a las diversas dependencias resultan ser de carácter reservado, el dinero es depositado en la cuenta de los organismos, que tienen acceso directo al efectivo; por ende, ni la Contaduría ni la Tesorería General poseen registro del uso ni del destino dado a los mismos.