La sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó hoy el procesamiento por el delito de “asociación ilícita” del ex jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar. Los jueces Mariano Scotto y Mauro Antonio Divito confirmaron también el procesamiento de la comisaria inspectora Susana Aveni y del imputado Marcelo Stefanetti. La decisión fue en la línea de lo argumentado por el titular de la Fiscalía General °3 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera.

Según la imputación, la organización delictiva habría estado comandada por Potocar (en aquel momento Comisario Inspector de la Dirección General de Comisarías) y  Aveni, jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal. Diversos funcionarios de distintas jerarquías que se desempeñaban en la Comisaría 35º habrían sido los encargados de recaudar mensualmente dinero a los comerciantes de la zona y a los “trapitos” a cambio de otorgarles protección.

En la resolución, los jueces transcribieron la declaración de dos testigos. Uno de ellos perteneció a la brigada de la seccional 35º y aseguró que desde que Norberto Villarreal se convirtió en jefe (actualmente está prófugo en la causa) se llevaron adelante medidas para que el personal a cargo “recaude dinero en forma ilegal, por parte de los comerciantes y empresarios que se encuentran en la zona”.

Según contó el testigo, ese dinero era trasladado en efectivo a los organismos superiores. También, mencionó que filmó el video que consta en la causa donde se observaba a Villareal mientras le daba órdenes a otros efectivos para coordinar la distribución de los “trapitos” en vísperas de los espectáculos deportivos que se realizan en el Club Atlético River Plate.

Señaló, además, que un sargento era quién reportaba directamente a Villarreal (aunque en lo formal debía desempeñarse en otra función) y que llegaba los viernes a la comisaría “con los bolsillos abultados”. Los jueces consideraron que los dichos del testigo se encontraban, por lo menos indiciariamente, corroborados con la información recabada de un cuaderno que fue secuestrado en la oficina de Villareal.

Allí, entre varias anotaciones se destacan algunas que harían referencia a Aveni, Potocar y otros implicados en el expediente. En cuanto a los pagos de los comerciantes (quienes todavía no fueron convocados a declarar), la sala tuvo en cuenta un libro de compras de una heladería donde se registraron “pagos realizados a la Policía Federal” desde marzo hasta agosto de 2016. También, se estableció que otros comercios habrían dado dinero a la comisaría.

Otro policía aseguró que Villareal, a través de varios efectivos, les exigía a los “trapitos” de la zona unos 500 pesos para que “trabajaran con tranquilidad” y no se les iniciaran infracciones contravencionales. Scotto y Divito también tuvieron en cuenta los dichos de dos de los imputados que, si bien no admitieron su responsabilidad en los hechos, si detallaron las maniobras que llevaba adelante la organización.

Consideraron, además, que ni Potocar ni Aveni podían desconocer el funcionamiento de las “paradas” (donde se asignaba a un policía en un lugar cercano al comercio al cual se le cobraba); ni el trabajo que desarrollaban los “trapitos” en la zona. “Se estima que aprobaron en su propio beneficio y sin exposición alguna los manejos de la recaudación ilegal de la Comisaría 35º”, indicaron.

Para los jueces, los “precarios” asientos contables que le secuestraron a Villarreal fueron suficientes como para recrear la “cadena de pagos”  de la que beneficiaban a Stefanetti, Aveni y Potocar. Señalaron, por último, que deben tomarse las medidas relacionadas con las testimoniales de los comerciantes, quiénes pudieron ser víctimas de “exacciones ilegales”. Marcaron que los relevamientos informáticos y telefónicos realizados tampoco se agregaron aún al expediente.

En el fallo, confirmaron los embargos de Aveni por 350 mil pesos y de Potocar por 450 mil. Resaltaron que son adecuados si se tiene en cuenta los eventuales reclamos indemnizatorios de quienes fueron obligados a aportar dinero a la organización.