El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 reinició esta semana las audiencias en el juicio que se le sigue a un grupo de funcionarios policiales y efectivos de la por entonces Policía Federal Argentina acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudaba dinero de forma ilegal. En el juicio, interviene la Fiscalía General N°16 antes esos tribunales, a cargo de Fernando Fiszer.

Esta asociación habría funcionado desde la llegada del comisario Norberto Villarreal a la Comisaría 35 a principios de 2016. Villarreal es el único de los 11 imputados por este tema que está detenido, debido a que estuvo prófugo un año y medio. Hay, además, otras dos personas juzgadas en el debate pero su acusación está relacionada directamente con el comisario: es por haber colaborado para que pudiera eludir la investigación que se seguía en su contra, al facilitarle la venta del automóvil. La instrucción de la causa fue llevada adelante por el titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez José María Campagnoli.

Los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato escucharon en dos audiencias a ocho testigos. En la primera, declaró un policía que trabajó en la Comisaría 35 y que denunció la existencia de las maniobras delictivas investigadas. Relató que la situación comenzó cuando fue increpado por Villarreal unos días después de su llegada como comisario. “No he visto todavía ni un peso en este escritorio”, recordó el testigo que le dijeron. A partir de ese momento, sostuvo que comenzaron “los castigos” y que lo apartaron de sus tareas habituales.

Ante esta situación, el hombre se contactó con una persona que trabajaba en Gendarmería y que tendría un enlace con el Ministerio de Seguridad. Además, fue quien filmó un video que consta en la causa donde se observa a Villarreal mientras le da órdenes a otros policías para coordinar la distribución de “trapitos” durante un espectáculo deportivo realizado en el Club Atlético River Plate.

Ante las preguntas de la fiscalía, explicó de qué se trataban “las quintas”: “son policías parados en un lugar que cuidan ese local en particular a cambio de plata que le dan al comisario”. Dijo que desde su primer día dentro de la policía le habían dicho que no se metiera con “las quintas”.

Otro de los testimonios que se escucharon en las audiencias de esta semana estuvo a cargo de un policía retirado que también trabajó en la Comisaría 35. El hombre relató que luego de la llegada de Villarreal lo desplazaron de sus funciones y que después de un hecho delictivo en la calle donde integrantes de la comisaría habrían dejado escapar a dos personas que habían cometido un ilícito.

“Noté que empezaron a liberar zonas”, concluyó. Además, contó que un cuidacoches le comentó que la brigada lo estaba “apretando” para que les dé plata. Sostuvo que dentro de la comisaría se hablaba que había tres personas que se encargaba de la recaudación de “trapitos y comercios” y que Villarreal repartía el dinero entre ellos y luego lo derivaba “hacia arriba”, en relación a la comisaria inspectora Susana Aveni, al por entonces Comisario Inspector de la Dirección General de Comisarías José Potocar -que se desempeñó luego como jefe de la Policía de la Ciudad- y a Guillermo Calviño,  superintendente en ese momento de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

Por último, destacó que después de hacer la denuncia sobre los manejos ilegales y pedir su pase hacia otra comisaría, sufrió una serie de situaciones intimidantes, que incluyeron un intento de secuestro a su hija y una agresión cuando salía de cursar una licenciatura en seguridad. “Me pegaron un culatazo y me advirtieron que la próxima vez iba a ser peor”, rememoró. Dijo también que cuando llegó a la nueva comisaría después de la 35, el comisario que lo recibió -que había sido segundo de Aveni- le manifestó: “usted acá no tiene derecho a nada”. El debate continuará la próxima semana: el cronograma de juicio tiene previsto seguir con testigos por lo menos hasta abril

Los imputados y la acusación
De acuerdo a los requerimientos de elevación a juicio realizados por la fiscalía, Calviño -ex titular de la Policía de la Ciudad- integró junto a Potocar, Aveni, Villarreal y siete efectivos de la Policía una asociación criminal dedicada a recaudar dinero de forma ilegal.

La maniobra se habría generado desde la llegada de Villarreal a comienzos de 2016 a la Comisaría 35, que tenía jurisdicción en los barrios de Nuñez, Saavedra y Coghlan hasta el momento en que fue desplazado de ese lugar, en septiembre de ese año.

“En el marco de ese acuerdo por el cual cada uno de los involucrados había decidido tomar parte de esa asociación constituida con el propósito de cometer ilícitos de modalidad, número y tipo indeterminado, los acusados –por sí o por intermedio de terceras personas y en abuso de su condición de funcionarios policiales– exigían y consecuentemente recibían de comerciantes, empresarios o vecinos con asiento en el ámbito de competencia de la comisaría 35ª de la Policía Federal Argentina una suma de dinero para brindarles un servicio de seguridad adicional espuria, asignando personal policial para la custodia prácticamente exclusiva de esos establecimientos”, sostuvo la fiscalía.

Los objetivos que custodiaban y que tenían vigilancia policial “exclusiva” -las denominadas en la jerga como “quintas”- eran bastante diversos: incluían desde gimnasios hasta restaurantes, pasando por albergues transitorios, supermercados y concesionarias. Existía, de acuerdo al requerimiento, otro canal de recaudación que consistía en exigirles a los “trapitos” de la zona un pago a cambio de dejarlos realizar esa labor.

“Su desarrollo permanente a lo largo de los meses en los que el comisario Villarreal se mantuvo al frente de esa seccional se garantizó a partir de la participación de quienes eran, en lo formal, sus superiores jerárquicos: Aveni, Potocar y Calviño”, se consideró. La fiscalía que hizo la instrucción consideró que los tres acusados con mayor jerarquía realizaron “acciones tendientes a asegurar el acatamiento de las órdenes con fines ilícitos que impartía Villarreal a su personal subalterno; al tiempo que brindaron una garantía de impunidad para que el sistema pudiera perpetuarse sin la injerencia ni el conocimiento de los organismos de control administrativos o judiciales”. También se indicó que recibían parte del dinero producido que conseguían “los eslabones más bajos de la organización”.