01 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Intervienen los fiscales generales Diego Luciani y Marcelo Colombo
Comenzó el juicio a Granillo Ocampo por enriquecimiento ilícito
El TOF N°4 rechazó la recusación de uno de sus integrantes y las defensas plantearon una serie de cuestiones preliminares. El abogado del ex ministro de Justicia consideró que debe tenerse por desistida la prueba aportada por la Oficina Anticorrupción (OA), que decidió no intervenir en el debate. Los representantes del MPF contestarán los planteos en la próxima audiencia.

El juicio al ex funcionario menemista Raúl Enrique Granillo Ocampo por presunto enriquecimiento ilícito comenzó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, con una audiencia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio y las defensas plantearon cuestiones preliminares, que serán contestadas la semana próxima por el Ministerio Público Fiscal. En representación del organismo estuvo el fiscal general Diego Luciani, que interviene de forma conjunta y alternada junto a su colega Marcelo Colombo en el debate oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4.

En primer lugar, los jueces María Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel comunicaron el rechazo a la recusación “por imparcialidad” de Pablo Bertuzzi interpuesta por la defensa del ex ministro de Justicia, en base al voto del magistrado en la sentencia que a fines de 2015 lo condenó, junto al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a tres años y tres meses de prisión por el cobro de “sobresueldos”. Sin embargo, esa parte reiteró el planteo al momento de introducir las cuestiones preliminares, entre las que incluyó también la prescripción de la acción penal por plazo razonable. Asimismo, el abogado de Granillo Ocampo consideró que el desistimiento de la Oficina Anticorrupción (OA) de intervenir como querellante en el debate implica que “debe desistirse de toda la prueba” aportada por esa dependencia del Poder Ejecutivo Nacional durante el proceso, que incluyó documentación relativa a los registros de la propiedad de la Capital Federal y La Rioja, su legajo como funcionario público y de la AFIP sobre las sociedades involucradas.

El abogado de Granillo Ocampo consideró que el desistimiento de la Oficina Anticorrupción (OA) de intervenir como querellante en el debate implica que “debe desistirse de toda la prueba” aportada por esa dependencia del Poder Ejecutivo Nacional durante el proceso.

A su turno, la defensa del contador Oscar Anzovino -a quien se le reprocha un aporte “esencial” en la maniobra investigada- planteó la indeterminación respecto a un punto de la acusación y requirió que sea precisada por una posible afectación al principio de congruencia, además de solicitar la nulidad subsidiariamente. En tanto que la Defensa Pública Oficial, en representación de Nélida María Rita Barros Reyes -esposa del ex funcionario- solicitó la suspensión del juicio hasta tanto la Cámara Federal de Casación Penal resuelva un recurso extraordinario in pauperis presentado días atrás por esa parte, por supuesta afectación a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable; el Tribunal entendió que ese remedio federal era extemporáneo y resolvió en el mismo acto no hacer lugar a la suspensión del debate.

A Granillo Ocampo se le imputa un “incremento patrimonial injustificado” en relación a los ingresos que percibió durante su paso por la función pública entre 1994 y 1999.

El fiscal general Luciani pidió -y el tribunal dispuso- un cuarto intermedio para contestar las cuestiones incidentales planteadas. La réplica del MPF tendrá lugar en la audiencia que se fijó para el martes próximo a las 10:30, tras lo cual los magistrados darán a conocer su resolución al respecto y comenzarían las indagatorias de los acusados que deseen declarar.

Qué se investiga

A Granillo Ocampo se le imputa un “incremento patrimonial injustificado” en relación a los ingresos que percibió durante su paso por la función pública entre 1994 y 1999. En ese período, el acusado se desempeñó sucesivamente como secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, embajador en los Estados Unidos de Norteamérica y ministro de Justicia de la Nación. Hay cinco acusados en total.