27 de febrero de 2024
27 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por el pago de “sobresueldos” durante su paso por la administración pública
Condenaron a Menem, Cavallo y Granillo Ocampo a penas de cumplimiento efectivo por corrupción
El Tribunal Oral Federal N°4 les impuso penas de cuatro, tres años y medio y tres años y tres meses al ex presidente de la Nación y sus ex ministros de Economía y Justicia, respectivamente. En el juicio, intervinieron los fiscales Diego Velasco, Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio y el secretario Juan Manuel Gaset, como ad-hoc.

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó esta mañana al ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo a cuatro y tres años y medio de prisión, respectivamente, al encontrarlos culpables del delito de peculado durante su paso por el Poder Ejecutivo. Además, los magistrados le impusieron una pena de tres años y tres meses al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a todos ellos.

“Quedó en claro que no se puede hacer lo que se quiera con el Estado”, le dijeron a Fiscales.gob.ar los representantes del Ministerio Público que intervinieron en el debate, tras conocer el veredicto. Los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y el secretario Juan Manuel Gaset, como ad-hoc, habían solicitado penas de seis años para Menem, cinco para Cavallo y cuatro para Granillo Ocampo y María Julia Alsogaray, quien resultó absuelta junto a Enrique Kaplan, respecto a quien la querellante Oficina Anticorrupción (OA) también había pedido condena. La actuación del equipo de fiscales fue convalidada por los magistrados al dar a conocer su resolución, en la que no hicieron lugar a ninguno de los planteos interpuestos por las defensas de los imputados, entre las que también había uno por la presunta prescripción de las conductas juzgadas; contra la actuación de la OA; contra los requerimientos de elevación a juicio al culminar la etapa de instrucción -en la que intervino el fiscal federal Gerardo Pollicita- y la garantía del juez natural, entre otros.

“Era una sustracción sistemática organizada”, aseveró Scandura acerca de los montos de dinero provenientes de fondos reservados que fueran denominados como “sobresueldos”. “Se instaló para mantener un nivel de vida de espaldas a la sociedad”, agregó la fiscal, “cuando se pedían ajustes y se hacían recortes a la seguridad social”. Finalmente, destacó que las penas sean de cumplimiento efectivo.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 2 de marzo del año próximo: las condenas contaron con el voto de Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo y la disidencia de Néstor Costabel. Además, los jueces ordenaron el decomiso actualizado de 220 mil pesos-dólares respecto a Cavallo, y de un millón 350 mil a Granillo Ocampo.

Durante sus alegatos, la Fiscalía había solicitado las condenas tras encontrar probado “un sistema clandestino de pago” a través de montos obtenidos de fondos reservados, lo que permitía su disposición en efectivo y no exigía rendición de cuentas. Para eso, se habrían aumentado tanto las partidas como el número de dependencias autorizadas para percibir los fondos reservados, originalmente previstos para cuestiones de seguridad nacional. Una vez conformado el monto, era retirado en la Secretaría General de la Presidencia, hasta 1994, y luego de la Jefatura de Gabinete de Ministros o del quinto piso del Ministerio de Economía.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron entonces el modo en que los funcionarios públicos percibían el dinero: primero 100 mil pesos/dólares para los ministros de más alto rango y luego 50 mil; 40 mil primero y 20 mil después en el caso de secretarios de estado, siempre dentro de un sobre. Las sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales reales de los funcionarios, sin ningún tipo de registro. Si bien fueron “blanqueados” parcialmente a través del dictado del decreto 838/94 como gastos protocolares, quedó acreditado que el dinero siguió siendo percibido en efectivo y dentro de sobres con el membrete de la Secretaría de Medio Ambiente.