El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzó ayer con el juicio a la excúpula directiva de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos" relacionados con presuntos sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria por parte del exrector a las utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio).

Los imputados son el exrector de la UNT al momento de los hechos, Juan Alberto Cerisola; la exdirectora general de Construcciones Universitarias de la universidad, Olga Graciela Cudmani; el exdirector de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, y el ex subsecretario administrativo, Luis Fernando Sacca.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Abelardo Basbús, Enrique Lilljedhal y Ana Carina Farias, con Mario Eduardo Martínez como cuarto juez. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto con la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa. La querella de la UNT estará representada por Rodolfo Tercero Burgos.

En la primera jornada, se realizó tanto la lectura del requerimiento de elevación a juicio como los alegatos de apertura de las partes y luego comenzaron a plantearse cuestiones preliminares. La próxima audiencia será el martes 4 de junio. En el debate, está previsto la declaración de más de 150 testigos y peritos.

Los hechos

Según el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la Universidad Nacional de Tucumán recibió -como parte del convenio que la une a la empresa minera YMAD- cuantiosas sumas de dinero que habrían sido puestas a disposición del entonces rector Cerisola. Según surge de la Ley 14.711, ese dinero aportado por la compañía tenía como destino exclusivo la finalización de la Ciudad Universitaria, un proyecto de infraestructura edilicia que se había planificado durante 1946 y el cual debía ejecutarse en las Sierras de San Javier. De acuerdo a la normativa, estaba destinado a ser, por sus características y trascendencia, el mayor emprendimiento que en esta materia en la República Argentina. Sin embargo, una vez recepcionados esos fondos, el uso y destino de ellos se apartó de lo establecido por la ley entonces vigente.

En el requerimiento, el Ministerio Público Fiscal consideró como uno de los puntos centrales de la acusación el establecimiento de un sistema paralelo e ilegal para el tratamiento de los recursos provenientes de YMAD, incluido un subsistema de contratación de obras públicas. Según la fiscalía, este sistema se caracterizó por su oscuridad, falta de controles, falta de transparencia, discrecionalidad y fue el que generó, en definitiva, un perjuicio de gran importancia para la universidad

También hizo foco en la utilización de esos fondos para la ejecución de diferentes obras (distintas al destino original de la Ciudad universitaria) bajo la órbita del Rectorado y la Dirección General de Construcciones Universitarias, en la cual se ejecutaron 13 obras correspondientes a diferentes espacios y unidades académicas de la UNT. Allí se detectaron un sinfín de irregularidades, entre ellas, pago de sobreprecios, incumplimiento del procedimiento instituido por la normativa vigente y los pliegos de contratación, ejecución de rubros sin justificación técnica y direccionamientos de adjudicatarios.

Dentro de este tema, también fue controvertido el reconocimiento que se hizo con autorización de la Dirección de Inversiones y Contrataciones de la UNT en favor de una de las empresas contratistas de un monto dinerario que resulta ampliamente superior que al reclamado por la ejecución del contrato.

Otro de los puntos repasado en el requerimiento, fue la colocación de inversiones de carácter financiero por parte del Rectorado y la Subsecretaría Administrativa de la UNT del capital recibido desde YMAD. Según la acusación de la fiscalía, se colocaron fondos de la universidad en inversiones fiduciarias y a plazo fijo de forma irregular, sin un criterio objetivo de asignación, sin contar con la autorización de la Tesorería General de la Nación, en entidades financieras no reconocidas por el Banco Central de la Republica Argentina, de lo cual habría derivado un perjuicio a la UNT.

Por último, la acusación fiscal hizo foco en la renuncia que habría hecho el exrector Juan Alberto Cerisola a la percepción de beneficios que le correspondían a la universidad. Así, habría consentido la reducción de utilidades pertenecientes a la UNT, fijadas por ley en un 40% de las ganancias liquidas efectuadas por YMAD.