Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, compuesto por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino, comenzó hoy el proceso contra María Julia Alsogaray, acusada del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora". Los otros acusados son Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickhenhayn, de la empresa KPMG; Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel, y el representante del estudio Javier Fernández Moreno.

El juicio inició con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y del auto de elevación, efectuados en su momento por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadío, respectivamente. Las defensa de los acusados Pflaum y Pickhenhayn, de la empresa KPMG, había solicitado una "probation", amparándose en que ninguno de los dos eran funcionarios públicos al momento de los hechos. La fiscalía de juicio, a cargo de Sabrina Namer, argumentó que en las causas de corrupción, según la resolución 97/09 de la Procuración General, debe realizarse el juicio oral y público, algo que el Tribunal aceptó.

Luego de esto, las defensas plantearon las cuestiones preliminares, donde solicitaron a los jueces que se dicte la prescripción de la causa por "plazo razonable". La abogada de Alsogaray pidió la nulidad tanto de la indagatoria de su defendida como del requerimiento de elevación a juicio.

La representante del Ministerio Público consideró improcedente todo lo solicitado y sostuvo que las defensas "realizan una re edición de planteos que no son propios de este proceso con el fin de suspender el debate y que no se llegue al fondo de los hechos investigados".

Explicó que el planteo de nulidad de la indagatoria no es una cuestión preliminar y que esto demuestra "el desacuerdo con la imputación que tienen los acusados y no se relaciona con el derecho a legítima defensa como intentó plantear la defensa". Con respecto a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, Namer argumentó que la Cámara Federal ya se expidió sobre el tema y lo dio como válido.

El Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves 13 de febrero a las 10 de la mañana, donde comunicará su decisión acerca de las cuestiones planteadas.

La causa

Los hechos investigados corresponden a un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó la ex Entel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.” y por el estudio Fernández Madero, efectuado en 1994. Dicha contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de Entel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.