María Julia Alsogaray presentó la semana pasada un recurso ante la Cámara de Casación Penal en el que pide la nulidad del juicio que la declaró culpable de "administración fraudulenta" durante la privatización de la ex ENTel. El Tribunal Oral Federal Nº6 la había condenado a cuatro años de prisión, tal como había solicitado la Fiscalía, a cargo de Sabrina Namer. No es el único caso de Alsogaray que estará a disposición de Casación. Está recurrida otra sentencia contra la ex funcionaria, donde fue investigada por la sustracción de fondos que habían sido confiados a la Secretaría de Ambiente y condenada en 2013 a cuatro años de prisión. 

Además, este mes, la Cámara de Casación le ordenó al Tribunal Oral Federal Nº6, con una conformación diferente a la actual, que falle y diga si la ex secretaria de Medio Ambiente es o no culpable de "negociaciones incompatibles". En aquel debate de principios de 2013, la Fiscalía consideró probado que Alsogaray, mientras estaba al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, participó en 1996 de la contratación directa de una empresa para la realización de la “Campaña de Concientización” dentro del Plan Nacional de Manejo del Fuego en la que se tramitaron de forma irregular cuatro expedientes administrativos.

El fiscal Mauricio Viera había solicitado tres años y seis meses de prisión por considerarla culpable de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora".

De 1996 a 2013

La causa sufrió diferentes dilaciones a lo largo de los años: el requerimiento de instrucción es de marzo de 2001, mientras que el llamado a prestar declaración indagatoria ante el juez data de un año después, en agosto de 2002. En noviembre de 2004, Alsogaray fue procesada y la elevación a juicio se realizó el 22 de abril de 2005.

Luego de algunos recursos, el 19 de abril de 2007 se efectuó la citación a juicio. De ahí en más, se fijaron seis fechas distintas para el inicio del debate entre agosto de 2008 y febrero de 2013. En marzo de 2012, la Fiscalía se había opuesto a una nueva suspensión de la audiencia inicial, citando al ex procurador General de la Nación cuando instruyó a los Fiscales Generales ante los Tribunales Orales de todo el país para que “se opongan a la posibilidad de suspender o diferir la audiencia de debate ya fijada con sustento en planteos o recursos interpuestos con fines evidentemente dilatorios”.

Una vez llegado el juicio, la Fiscalía llevó adelante varias medidas para que se pudiese llegar de forma ágil al final del proceso: propuso realizar audiencias en fines de semana o feriados, se renunció a escuchar a algunos testigos para no demorar innecesariamente y solicitó que, ante una presunta descompensación de la imputada, que fuera examinada en forma urgente por médicos forenses.

Todo esto fue rechazado por las defensas y luego por el Tribunal. Lo más llamativo ocurrió el 8 de abril de 2013, cuando los jueces, el fiscal y la querella de la Oficina Anticorrupción fueron al domicilio de Alsogaray para averiguar los motivos por los que no se había presentado a la última audiencia.

El departamento de María Julia está ubicado junto a su famoso petit hotel, que fue rematado en 2009. El inmueble fue adquirido por una sociedad anónima y hasta hoy no está alquilado. Alsogaray, a pesar de sentirse mal, declaró por más de 3 horas acompañada por su defensora, su amiga psicóloga y una mujer que la ayudaba con las tareas domésticas.

Como puntualiza Viera en su recurso de Casación de mayo de aquél año, "allí mismo se consintió la continuación del debate donde incluso esta Fiscalía tuvo que formular su alegato acusatorio". En diálogo con Fiscales, el representante del Ministerio Público recordó que tuvo que terminar con los lineamientos de su exposición "en un bar cercano a la casa de la ex funcionaria".

"La Fiscalía hizo múltiples actos para llevar adelante la causa. El ejemplo más trascendente en constituir un juicio en el domicilio de la imputada, con los jueces sentados en el living" contó Viera. "No queríamos dejar ningún acto de la fiscalía pendiente" relató el representante del Ministerio Público y especificó que la defensa no alegó ese día porque el Tribunal hizo lugar a un pedido para que no sucediera.

Viera destacó la importancia de los votos de los jueces de Casación donde determinan que el plazo de prescripción no transcurrió. Incluso, el juez Geminiani fue más allá y planteó en su voto que en los hechos en los que se encuentran involucrados funcionarios públicos se constituye "una grave afectación al derecho constitucional a la seguridad-legalidad, la normativa que impone disponer la prescripción de los hechos en los que se encuentran involucrados, como se dijo, funcionarios públicos".

El fiscal explicitó, además, que no hay tiempos precisos para que el Tribunal se expida sobre el fondo: la culpablidad o no de María Julia. "Para nosotros está probada su participación pero seguramente la defensa recurrirá el fallo ante la Corte Suprema y eso alarga los tiempos" explicó.

Otras causas

Este mes se conoció que el Tribunal Oral Federal Nº6 puso fecha de inicio para otro juicio relacionado con la ex polifuncionaria. El 3 de junio, comenzará el debate donde se la acusa por el delito de "peculado". El Ministerio Público estará representado por la fiscal Sabrina Namer.

En abril, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó el decomiso de 341.507,81 pesos que surgen de intereses de una multa que se le impuso en 2004 por una causa por enriquecimiento ilícito. La decisión concuerda con lo solicitado por la fiscal Namer, que consideró que no estaba prescripto dicho decomiso, como planteaba la defensa.