El Ministerio Público Fiscal de la Nación logró un fallo inédito en Salta en materia de fraude con planes sociales, que incluyó condenas, la asignación de tareas comunitarias y el cumplimiento de donaciones por parte de cuatro dirigentes deportivos del Club Atlético Central Norte, de la localidad de Embarcación.

El fiscal general Eduardo José Villalba, quien llevó adelante el caso, destacó el resultado arribado, pues se trató de una investigación compleja, tanto por la obtención de pruebas, la cantidad de las víctimas y el perjuicio a los beneficiarios y al Estado Nacional.

“La resolución a la que se arribó es para Salta, al menos, histórica, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto, donde estos tipos de casos demandaban años de proceso sin que el Estado obtuviera nada al final del camino, en cambio, en este caso y con el nuevo código en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias”, afirmó.

Estas medidas surgen del acuerdo presentado por las partes, a raíz del cual el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, dictó sentencia condenatoria en la audiencia de control de acusación seguida contra Jorge Moya, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Edith Romero, quienes integran la comisión directiva del club ubicado en el norte de la provincia.

"Con el nuevo código en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias”, elogió Villalba.

En dicho acuerdo, el fiscal Villalba y la querella, a cargo de la abogada Verónica Viera, en representación de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establecieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff por el delito de fraude a la administración pública. Para Tarqui, en tanto, se dispuso una pena de dos años de prisión condicional por el mismo delito. En materia de reglas de conducta, y a pedido de la querella, se determinó que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo (de fórmula 1, 2, 3, o 4) de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana “Pata Pila”, con sede en Tartagal.

En cuanto a Romero, también imputada por ese tipo penal, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, lapso en el que además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, donde prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.

Denuncia de la ANSES

En su exposición del caso, previo ingresar a los detalles del acuerdo, el fiscal Villalba remarcó que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la ANSES ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano.

En coordinación con su colega se llevaron adelante las primeras medidas, entre ellas allanamientos y la detención de Moya, Pabloff y Tarqui, registrada el 29 de abril de 2020 en la misma localidad de Embarcación. Al día siguiente, el fiscal Villalba llevó adelante la formalización de la investigación penal contra esas tres personas, mientras que el 6 de julio se amplió la acusación penal hacia Romero, quien seguía adelante con las maniobras fraudulentas desde el seno del club.

A Moya, Pabloff y Tarqui, presidente, tesorera y secretario del club, respectivamente, el fiscal le atribuyó haberse organizado para gestionar beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional, en particular el Salario Social Complementario, destinado a habitantes de Embarcación y parajes de la zona. Resaltó que este beneficio se trata de una ayuda que trae como condición que los beneficiarios hagan una contraprestación comunitaria, lo que no sucedía en el caso, pues eran obligados a brindar tal aporte en beneficio exclusivo de los acusados.

La fiscalía le atribuyó a la dirigencia haberse organizado para gestionar en provecho propio beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional

En cuanto a la maniobra, el fiscal indicó que “la gran fortaleza” que tenía esta organización era el “padrón” con el que contaban, que definió como una especie de base de datos de numerosas personas pertenecientes a la localidad de Embarcación y zonas aledañas, información que obtuvieron de otros grupos sociales de la región. Con estos datos, los acusados iniciaban la gestión de los beneficios e incluso los utilizaban para cancelarlos, cuando los beneficiarios se negaban a cumplir con la contraprestación exigida.

Provecho propio

“Los trámites realizados por los acusados, sin embargo, no lo hacían por ningún acto de filantropía, sino para sacar provecho propio, pues a cambio de la obtención de tales beneficios exigían determinadas sumas de dinero, siendo utilizado el Club Atlético Central Norte como pantalla de una maquinaria fraudulenta, de la cual se valieron para un beneficio patrimonial”, explicó el fiscal.

Esto, agregó, se lograba a partir del dinero que las víctimas eran obligadas a pagar una vez que se acreditaba el pago del beneficio, monto del cual debían entregaron a los acusados la mitad de lo cobrado o, en algunos casos, la totalidad. Este aporte era disfrazado como un aporte en concepto de “cuota social”, por una suma de 750 pesos. En otros casos, debían realizar trabajos para el club: desde la limpieza, cocina y hasta en la faz periodística, como el caso de una víctima que debía mencionar o hablar bien de los dirigentes en una radio.

Mediante este modus operandi, Moya y compañía contrataron jugadores de fútbol, quienes jugaban en compensación del beneficio tramitado a su favor, por ejemplo. Los que no cumplían con los pagos era castigados con el bloqueo de las tarjetas de cobro, o bien, debían pagar multas que consistían en descuentos del beneficio recibido, a veces por completo.

Sin salida

Los afectados, según señaló el fiscal, estaban prácticamente sin salida, pues el comisario de dicha localidad, a quien habían acudido con denuncias por el fraude del que eran víctima, recibía cortes de pelo gratis de una beneficiaria, tarea acordada por los acusados. La fiscalía penal tampoco dio curso a las denuncias, con lo cual las personas que necesitaban realmente de esta ayuda social, no tenían a quien acudir, pues la policía, la fiscalía ni tampoco las autoridades del banco habrían hecho nada por ellos.

Las víctimas debían entregar a los acusados la mitad de lo cobrado y, en algunos casos, la totalidad.

“Tras la detención de los acusados, la fiscalía desembarcó en Embarcación, donde los vecinos, conocedores de esta situación, recibieron a los investigadores prácticamente con aplausos, tanto que no tuvieron reparo en prestar declaración, aún a pesar de que lo hacían en presencia del abogado defensor de los tres imputados, a quien conocían muy bien por la relación estrecha con Moya”, relató.

Producto de la investigación, en una primera etapa coordinada con el equipo de trabajo de la fiscal Mángano, y posteriormente ya concentrada solamente por la tarea de la Unidad Fiscal Salta, se pudieron establecer 18 hechos, en los cuales los acusados “sustituyeron al Estado y direccionaron los planes sociales en su beneficio y del Club Atlético Central Norte”.

Aportes claves

El fiscal Villalba también señaló que la investigación y su posterior resultado es el producto del nuevo sistema de enjuiciamiento, que posibilitó que, desde un inicio, se trabaje conjuntamente y articuladamente con la fiscal Mángano, que intervino detectando las irregularidades, y el organismo administrativo ANSES, que posteriormente se constituyó como querellante y resultó en la audiencia de control de acusación un actor principal.

Asimismo, y para determinar el grado de afectación, el fiscal destacó el aporte realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), de la Procuración General de la Nación, a cargo de Judith König, quien a través de su equipo de trabajo elaboró un detallado informe respecto a la cantidad de tarjetas y pagos que fueron corrompidos.

También resaltó la tarea realizada por el equipo de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Roxana Gual. “La fiscalía estuvo presente en el escenario de los hechos, se tomaron numerosas declaraciones testimoniales y se recolectó numerosa prueba documental”. Entre ellas, señaló mensajes que los acusados se enviaban entre sí, mediante los cuales dejaron la huella del delito, pues allí daban órdenes de multas o tarjetas de beneficiarios que debían bloquear por falta de pago de los aportes que exigían.

Por último, el fiscal también agradeció el acompañamiento de la ANSES a través de su representante legal, con la cual trabajaron para arribar al acuerdo presentado ante el juez, quien luego de verificar el consentimiento de las partes, finalmente dio por homologada las condenas y las reglas de conducta.