En un trabajo coordinado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano y la Unidad Fiscal Salta, representada por Eduardo Villalba, ayer se llevaron adelante distintos allanamientos en la localidad de Embarcación en el marco de una investigación por los presuntos delitos de estafa y defraudación a la administración pública en la percepción del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Respecto a inquietudes sobre si lo sucedido afectaría el cobro del beneficio, el fiscal Villalba aclaró que "la investigación en curso no va a afectar el cobro del beneficio, IFE, a las personas beneficiadas. Y, sobre todo, debe quedar en claro que no deben pagar ninguna contraprestación a nadie".

Como resultado de los procedimientos, en cabeza de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se concretó la detención de tres personas, entre ellas Jorge Moya, presidente del Club Central Norte de esa localidad, y de su pareja.

Asimismo, se logró el secuestro de documentación que ahora es motivo de investigación, por lo que no se descarta que de esta tarea surjan elementos que permitan ampliar la persecución penal a otros delitos que se podrían haber cometido, ya sea con respecto al trámite relacionado al IFE o con otros planes o beneficios sociales otorgados por el estado nacional.

Entre los lugares allanados, Villalba confirmó que uno de ellos fue la sede del club Central Norte, pues que “de una denuncia radicada por las autoridades de la ANSES, la fiscal Mangano inició una investigación que le permitió establecer la conducta delictiva de las personas ahora detenidas”.

Explicó que la denuncia, por la que se inició toda la pesquisa, reveló “la participación de personas inescrupulosas que les cobraban determinados montos a beneficiarios del bono IFE, en su mayoría pertenecientes a comunidades aborígenes de Embarcación y otros vecinos que desconocían como realizar los trámites”.

Los detenidos están sindicados como las personas que contactaban a los beneficiarios, a favor de quienes realizaban los trámites de cobro del IFE por el sistema de registro de la ANSES, gestión por la cual se quedaban con parte del dinero.

Mecánica

Se trata de sumas que iban de mil a dos mil pesos, según precisó el fiscal, quien explicó que ese dinero aparecía como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban  como socios de esa entidad. “Esta era la mecánica de la estafa, aunque no descartamos que haya otros hechos similares”, agregó.

La investigación se inició en marzo pasado, cuando se radicó la denuncia por parte de la ANSES y se comenzaron a reunir elementos de prueba del caso. Todo ello derivó en los procedimientos que efectivos de la PSA realizaron ayer por la mañana, tarea que fue destacada por el magistrado.

Coordinación

La pesquisa comenzó en la CABA. Frente a la complejidad y gravedad de los sucesos investigados, Mángano puso en conocimiento de Villalba el curso de las primeras medidas adoptadas al inicio de la causa. Una vez realizadas las diligencias urgentes, la fiscal con sede en Capital Federal postuló la incompetencia en razón del territorio para que la pesquisa continúe tramitándose en la justicia federal de Salta: así lo dispuso el Juzgado Federal Nº9, que contempló también la necesidad de articular armónicamente la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación -que rige en la CABA- y el Código Procesal Penal Federal, íntegramente vigente en Salta y Jujuy.  Luego el juez federal salteño Jorge Montoya autorizó intervenciones telefónicas previas en torno a los ahora tres detenidos, y finalmente los allanamientos y aprehensiones.