Tal como había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal en la instancia de alegatos, el Tribunal Oral Federal n°2 de Córdoba condenó hoy al empresario Fabián Ariel Soulé a la pena de ocho años y seis meses de prisión al considerarlo el principal responsable de la organización y ejecución de millonarias maniobras de fraude fiscal a través de la comercialización de granos, y dispuso el decomiso de una camioneta  Volkswagen Amarok y tres importantes inmuebles que el ahora condenado había inscripto a nombre de sus hijos cuando éstos eran menores de edad. Asimismo, el tribunal dictó penas de entre un año y seis y meses y cinco años y cuatro meses de prisión para otros seis imputados, entre los que se encuentra un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una escribana y un gestor ante el organismo tributario. Por parte del MPF intervino en el juicio la Fiscalía General n°2, a cargo del fiscal Carlos Gonella.

Los jueces consideraron a Soulé autor penalmente responsable de los delitos de obtención fraudulenta de beneficios fiscales agravada por el número de intervinientes; uso de documento público falso e insolvencia fiscal fraudulenta, todos ellos en concurso real. Durante el debate se tuvo por acreditado que el acusado gestionó, mediante la presentación de documentación apócrifa, su inscripción ante la AFIP en IVA, Ganancias y como autónomo dedicado al cultivo de soja, para luego inscribirse en el Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas y obtener así los beneficios fiscales de dicho régimen, cuando en realidad no cumplía los requisitos establecidos para ello.  Después de que el organismo recaudador lo excluyera por inconsistencias detectadas, recurrió a un contador -Sergio Carballo-, quien además era entonces funcionario de Aduana y había trabajado anteriormente en la DGI. Con esa colaboración, el 22 de septiembre de ese año Soulé gestionó la inscripción en el Registro del imputado Julio Cesar Sueldo, quien actuó así como prestanombre u “hombre de paja”, como se conoce en la jerga tributaria a las personas físicas que intervienen con el fin de ocultar al verdadero beneficiario de la maniobra.

El tribunal dispuso el decomiso de una camioneta y tres inmuebles, tal como había sido solicitado por el MPF.

La inscripción en el mencionado Registro implicaba una serie de beneficios fiscales, entre los que se destacan la reducción de las alícuotas de la retención de IVA -a la que se encuentran sujetos todos aquellos que realicen operaciones de compraventa de granos- y el reintegro sistemático de una porción de las retenciones. Ahora bien, con el propósito de acreditar su condición de hombre dedicado a la actividad agrícola, Sueldo presentó ante la AFIP y diversas entidades -entre las que se encuentra la Bolsa de Comercio de Rosario- contratos de arrendamientos apócrifos, con firmas y sellos falsos.

En el marco del debate, la Fiscalía tuvo por corroborado el carácter simulado de la persona en cuestión, la cual jamás desarrolló actividad alguna relacionada con el agro.

En marzo de 2009, en el marco de los allanamientos realizados en el domicilio que Soulé compartía con su pareja, se procedió al secuestro de las cédulas de identificación y de autorización a conducir de tres vehículos de alta gama: Audi TT, Toyota Hilux y Toyota Prado. Después de que la Fiscalía solicitase el secuestro de los rodados y gracias a la certificación brindada por una escribana posteriormente imputada en la causa, la mujer logró ingresar al Registro Automotor de Oliva -Córdoba- declaraciones juradas de extravío de dichas documentaciones, para así poder transferir la titularidad de los automóviles.

Las condenas

El Tribunal condenó  a Sergio Ariel Carballo  a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, agravado por el número de personas que intervinieron y por su condición de funcionario público. Además, le dictaron inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.

En relación a Julio César Sueldo dispusieron una pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, con el agravante del uso de documentos públicos falsos. También lo inhabilitaron para obtener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de diez años.

Por otro lado, los jueces condenaron a Ivana Gisella Ferreyra a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de insolvencia procesal fraudulenta. Otros tres imputados recibieron un año y seis meses de ejecución en suspenso por falsedad ideológica.