El médico de la Policía Federal Argentina Werther Aguiar fue condenado hoy a un año y medio de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por otros tres años y seis meses, al ser encontrado autor del delito de revelación de secretos por la filtración de fotos obtenidas durante el examen preliminar del cuerpo de Santiago Maldonado realizado en la Morgue Judicial de Esquel. La pena fue similar a la solicitada por la Fiscalía Federal de esa ciudad, actualmente bajo la subrogancia de Federico Baquioni.

El juicio correccional se llevó adelante en el transcurso de esta semana y estuvo a cargo de la jueza Eva Parcio de Seleme. Las audiencias se celebraron el martes, miércoles, jueves y viernes, jornada en la que se realizaron los alegatos de las partes. En su veredicto, la magistrada también le ordenó a “los motores de búsqueda en Internet de mayor difusión” que “eliminen algoritmos y referencias de búsqueda del cadáver de Santiago Andrés Maldonado”. En tanto que dispuso la extracción de testimonios para evaluar la conducta en relación a un inspector y un comisario de la PFA. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 16 de octubre, desde las 14.

El alegato de la Fiscalía

Baquioni detalló durante su exposición cuáles eran los deberes que tenían todas las personas que estuvieron en la Morgue Judicial de Esquel en el procedimiento del 17 de octubre de 2017. Fueran peritos de parte, policía o médicos, para todos coincidía en que debía ser secreto; en especial, porque ocurrió en el marco de un proceso judicial que estaba dirigido por el juez Gustavo Lleral y certificado por el secretario Leonardo Barzini. Para la Fiscalía, de esa manera se añadía el secreto dispuesto en función del artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto al marco fáctico, el Ministerio Público Fiscal consideró acreditadas las premisas que sostuvieron su hipótesis: que el médico infringió el deber de secreto cuando le exhibió las fotos a sus compañeros, sin que fuera un ámbito en el que se estuviera haciendo una interconsulta; también, cuando se la mandó a otro integrante de la PFA mediante la red de mensajería WhatsApp; y finalmente, que se vulneró el deber de reserva porque las imágenes que llegaron a los medios de comunicación coinciden con las que el imputado sacó, según se contrastó con el video tomado en la Morgue.

Al término del alegato, Baquioni solicitó un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación especial para ser funcionario público y médico. La querella, por su parte, requirió cuatro años, aunque no incluyó la restricción para ejercer como médico.