El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó hoy a un abogado a un año y medio de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo por el delito de falso testimonio, al realizar una declaración bajo juramento en la que acusó a tres jueces federales de haber exigido 15 millones de pesos para condenar a los acusados en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en esa provincia. En el debate intervino el fiscal general Carlos Gonella, titular de la Fiscalía General N°2.

La pena recayó sobre el letrado Jorge Alberto Agüero, quien sostuvo que en la causa conocida como “Brandalise” los integrantes del TOF N°1 de Córdoba Jaime Díaz Gavier, José Vicente Miscará y Carlos Otero Álvarez “exigieron a personas no determinadas el pago de $15 millones para condenar a los acusados, dinero que fue entregado en una valija por una procedente de Buenos Aires”, según había reseñado el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio firmado por Maximiliano Hairabedián. El abogado también arriesgó que la sentencia en cuestión “fue confeccionada en otra parte”. En ese sentido, había referido que tomó conocimiento de ello durante una audiencia del juicio.

En su alegato, Gonella había requerido una condena a tres años de prisión en suspenso por la figura agravada del tipo penal, por haberse realizado en una causa criminal y en perjuicio de los inculpados; finalmente el tribunal dispuso la condena a un año y seis meses de prisión en suspenso por la figura básica.

El primer juicio

Los dichos de Agüero fueron vertidos en relación al juicio que terminó el 24 de julio de 2008 con las condenas a prisión perpetua del responsable del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, y los militares Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Cardone. En tanto que el defendido de Agüero Jorge Ezequiel Acosta y Hermes Oscar Rodríguez fueron condenados a 22 años de prisión, en tanto que Carlos Alberto Vega a 18 años de prisión.

Los delitos que se juzgaron fueron privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio, cometidos en el Centro Clandestino de Detención y tortura La Perla, en perjuicio de cuatro víctimas.