25 de abril de 2024
25 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Delitos contra la administración pública
Confirmaron el procesamiento por asociación ilícita y extorsión de un hombre que frustraba inspecciones municipales
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo propios los argumentos del fiscal Abraldes y ordenó continuar con la investigación. El hombre está acusado, junto a otras dos personas, de frustrar inspecciones municipales a cambio de dinero.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Matías Luis Pantaratto como autor de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro, y extorsión reiterada en seis oportunidades. El titular de la Fiscalía General N°3 ante el tribunal de alzada, Sandro Abraldes consideró debía profundizarle la investigación y señaló que la compra-venta de datos constituía una conducta penalmente relevante, cuando estos proceden del seno de la administración pública y por más que la negociación hubiere sido entre particulares.

Pantarotto está acusado de valerse de información que recibía de dos empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya fueron procesados en la investigación, respecto de la realización de inspecciones a locales comerciales. Con esos datos, el imputado se entrevistaba con los dueños de los locales, les avisaba sobre los operativos y les decía que podía evitarlos, a cambio de una suma dinero.

El imputado, que se presentó como abogado en causa propia junto al letrado Claudio Méndez, admitió haber negociado “la ineficacia de las inspecciones que el GCBA efectuaba sobre determinados locales comerciales, a cambio de un determinado precio”, pero negó que el dinero que le pagaran los comerciantes “hubiere sido entregado bajo intimidación”.

En base a los argumentos de Abraldes, los jueces Luis Bunge Campos y Jorge Raimondi confirmaron el procesamiento de Pantaratto y consideraron que correspondía ahondar la pesquisa para individualizar a los demás participantes de las maniobras ilícitas, entre los que se encontrarían algunos dueños de los locales comerciales y empleados o funcionarios públicos que suministraban la información que supuestamente era vendida a cambio de protección por dinero.