Con la intervención la fiscal María Cristina Beute, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante el TOF de Neuquén, y la fiscal coadyuvante Mariana Querejeta, continua el juicio oral y público seguido contra Juan Manuel Rosas, Oscar Andrés Monsalve, Alfredo Florencio Merillan y Alejandro Enrique Alemanni, por el secuestro del hijo de un empresario pampeano, ocurrido en la ciudad rionegrina de Catriel, en la noche del 11 de diciembre de 2008.

El debate oral y público se inició el pasado 2 de mayo, ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces subrogantes Richard Gallego, Mariano Lozano y Alejandro Silva. Oportunamente, la defensa de los imputados había solicitado el apartamiento de Beute, alegando que la fiscalía había entrevistado a los testigos ofrecidos antes de la audiencia y que ello estaba prohibido. El planteo fue cuestionado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y finalmente rechazado por el TOF sobre el argumento que la práctica de entrevistar testigos para la preparación del juicio, con el objetivo de aportar al debate información de calidad, no está prohibido en el Código actualmente vigente.

Durante las primeras audiencias, se indagó a los cuatro imputados. En ese marco, Juan Manuel Rosas y Alejandro Alemanni introdujeron la novedosa hipótesis de que se trató de un “autosecuestro”, argumentando que la víctima jamás estuvo retenida, sino que se simuló la situación para sacarle dinero a los padres de la víctima, quien está siendo enjuiciado como partícipe necesario, pues fue en su casa donde se secuestró al joven pampeano.

También, se presentaron distintos testigos cuyos dichos reforzaron la hipótesis de la Fiscalía, y algunos, como un efectivo policial, quienes cuestionaron el trámite de la investigación en el Juzgado Federal de General Roca, donde acusaron a ese organismo de frenar una serie de allanamientos para dar con los implicados, admitiéndolos recién en febrero de 2009, cuando finalmente se detuvo a los acusados. Asimismo, el policía sostuvo que le resultó notorio que, al mes del hecho, los implicados dejaran de hablar libremente por celular y pasaron a hacerlo menos frecuentemente y usando claves, lo que evidenciaba que sabían que sus conversaciones estaban siendo escuchadas.

Las audiencias del primer juicio por el primer caso de secuestro extorsivo en la región, continuarán hasta el 14 de junio, fecha en que está previsto que la Fiscalía realice sus alegatos. También, se prevé que el TOF dicte sentencia el recién el 25 de julio.

El Caso

El 11 de diciembre de 2008, la víctima salió de su casa en la localidad pampeana de 25 de mayo, para ir a tomar algo a la casa de su amigo Alejandro Alemanni, en la ciudad rionegrina de Catriel.

Alrededor de las 23:30, dos hombres encapuchados y armados con pistolas .9 mm. –uno de los cuales fuera luego identificado como Rosas- ingresaron al domicilio, previo golpear la puerta, que fue abierta por Alemanni. Allí, redujeron al dueño de casa y a la víctima, a quienes golpearon y amenazaron.

Alemanni fue trasladado a una habitación contigua donde lo agredieron y dejaron atado, mientras que al joven secuestrado le taparon la cabeza y lo subieron a un vehículo, para trasladarlo a una vivienda en la ciudad de Neuquén, donde pasaría un día cautivo.

Ya en la madrugada del día 12 de diciembre, el padre de la víctima comenzó a recibir llamados en los que les exigieron el pago de U$S 500.000 por la liberación y se le advertía que en caso de dar aviso a la policía o no entregar el rescate, matarían al joven, que por entonces tenía 31 años. Finalmente, el padre pagó el rescate de un millón de pesos y 150.000 dólares, en la medianoche del 13 de diciembre, en la rotonda de las Avenidas Pérez Novella y Nihuel en el barrio neuquino de Melipal, a pesar de que su hijo había sido liberado casi una hora antes en el barrio Zabaleta de la ciudad de Plottier.

Inicialmente, la investigación estuvo en manos de la Fiscalía Federal de General Roca, pero luego recayó en la Fiscalía Federal de Neuquén y contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)- a cargo de Marcelo Colombo.

En sendos requerimientos, los fiscales federales José María Darquier y María Cristina Beute solicitaron que Rosas, Monsalve y Merillan fueran sometidos a juicio oral y público como coautores del delito de sustracción, retención y ocultamiento de una persona para obtener un rescate, agravado por haber mediado violencia e intimidación contra la victima mediante el empleo de armas de fuego, y haber logrado el pago del rescate y haber participado en el hecho tres o más personas. Por su parte, Alemanni deberá responder como partícipe necesario.