Una banda dedicada a falsificar billetes y cheques fue condenada en Córdoba en el marco de un juicio abreviado celebrado con la Fiscalía General a cargo de Carlos Gonella. El acuerdo fue aceptado por el Tribunal Oral Federal N°2 y, además de las penas de ejecución condicional, incluye reparaciones económicas a entidades de bien público, municipales,  a una niña electrodependiente y el decomiso de una camioneta y la maquinaria gráfica utilizada en los hechos.

Las condenas recayeron sobre siete hombres, por  los delitos de falsificación de moneda y encubrimiento, según el caso. La organización había sido desbaratada en 2015, cuando en dos talleres ubicados en los barrios Pueyrredón y Rosedal de la capital cordobesa se halló todo tipo de material para hacer los billetes apócrifos: máquinas fotomecánicas, de prensado, computadoras, impresoras, bidones de fijador gráfico, limpia tinta y revelador gráfico, láminas de aluminio, y marcos de serigrafía con la imagen del billete de la serie Evita, Roca e imágenes del escudo del Departamento del Tesoro de EEUU, entre otros elementos. También se incautaron falsificaciones de moneda nacional de curso legal -por casi 200 mil pesos-, dólares estadounidenses –por 65 mil- y una variedad de cheques.

La investigación arrojó que la moneda falsa iba a ser vendida por el líder de la banda a diversos distribuidores, por sí o a través de otras personas, para introducirla ilícitamente en el tráfico comercial tanto en Córdoba como en Río Cuarto, y otros puntos del país como Jujuy y Tucumán.

Calificación legal y reparación

Los acusados reconocieron su participación en los hechos, que fueron encuadrados bajo las figuras penales de falsificación de moneda -como coautor en un caso y partícipes secundarios , en el resto- y encubrimiento.

Al momento de definir las penas –fijadas entre los dos años y seis meses y los tres años de prisión- se valoró como atenuantes la colaboración brindada por los imputados durante el proceso, la edad y las propuestas de reparación, que el fiscal general estimó “oportunas, pertinentes y útiles”, en razón del destino social y solidario de los bienes ofrecidos.

En ese sentido, uno de ellos cedió una camioneta utilitaria a la Dirección de abordaje territorial de las adicciones de la Municipalidad de Córdoba. Asimismo, una vez que se disponga el destino de la maquinaria gráfica a decomisar, ofreció dar cursos de capacitación para adiestrar sobre su manejo lícito.

Otros acusados destinaron dinero a una fundación que articula con la Casa del Orgullo de Villa Cornú y a la Asociación Civil sin fines de lucro “Programa Cambio” de abordaje de las adicciones, además de un aparato para una niña electrodependiente. En este último caso,  por intermedio de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, emplazada en barrio Maldonado/Müller.

Los imputados, representados por sus defensores, prestaron su conformidad con los términos y alcances del acuerdo, que fue homologado por el TOF N°2 de Córdoba a través del juez José Fabián Asís.