El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó esta tarde a diez años y multa de 90 mil pesos a cuatro hombres por el secuestro extorsivo de una mujer cometido en 2016. Alan González, Maximiliano Varela, Jonatan Forte y César Roldán fueron encontrados responsables, como coautores, de haber sustraído por la fuerza a su víctima de su casa en Leones, pedirle a su concubino un millón de pesos y luego liberarla en Pilar sin cobrar el rescate. El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre habían solicitado penas similares -diez años y medio- en su alegato de la semana pasada. Roldán fue además condenado por el concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego sin autorización, en calidad de autor. 

De acuerdo a la acusación y según se tuvo por probado, el 31 de octubre de 2016 por la madrugada González, Varela y Forte se presentaron en una vivienda de la localidad de Leones donde residían J.F., su pareja M.G.O. y los dos hijos menores de edad de la mujer. Mientras González esperaba en las inmediaciones en un automóvil VW Fox, Varela y Forte ingresaron a la vivienda y redujeron a la familia. Blandiendo armas de fuego, llevaron al hombre (F.) hasta el living, donde le exigieron un millón de pesos que no tenía, por lo que los captores decidieron llevarse del lugar a la mujer (O.) y pedir esa suma a modo de rescate, indicándole al hombre que tenía hasta las 16 del día siguiente para viajar hasta Buenos Aires para efectivizar el pago. De acuerdo a la reconstrucción, ubicaron a O. en el asiento trasero bajo la custodia de Forte, mientras Varela ocupaba la butaca de acompañante y González conducía.

El vehículo se dirigió en primer término a Marcos Juárez, donde los esperaba Roldán a bordo de un un VW Gol de color negro, que se sumó a la marcha mientras hacía las veces de “puntero”, advirtiendo sobre la presencia de puestos de control policial para no ser descubiertos. Al día siguiente, arribaron a la localidad bonaerense de Tortuguitas, a una vivienda perteneciente a la madre de Alan González, cercana a las vías del ferrocarril. Luego de algunas comunicaciones y, tras haber tenido oculta y retenida a la víctima hasta pasada la medianoche, los imputados subieron a la víctima a un Renault Clio y la trasladaron hasta Pilar, donde la liberaron sin cobrar el rescate. 

Al declarar ante la policía, el concubino de la víctima manifestó sospechar de González y su hermano, a quienes conocía por la compra y venta de camiones, y con quienes había tenido inconvenientes luego de negarse a prestarles dinero en dos ocasiones. Un año más tarde, como parte de la investigación, se realizó un allanamiento en la vivienda de Roldán en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, donde se incautaron dos armas de puño calibre 9 milímetros, aparentemente operativas, con su numeración limada, con carga completa y munición extra, sin contar con la debida autorización. 

En su alegato, Gonella remarcó el vínculo que existía con la familia González, y consideró que no era fortuito que fuese él quien se quedase esperando fuera del domicilio, ya que así no corría riesgo de ser reconocido, a pesar de que las pericias demostraron que el teléfono celular a su cargo impactó en las celdas de Leones y Campana, durante todo el recorrido de O. 

Varela fue identificado por la víctima en ruedas de reconocimiento y sus argumentos durante las declaraciones indagatorias resultaron “inverosímiles e inconsistentes” para el Ministerio Público Fiscal. En indagatoria, Forte negó su vinculación con los hechos diciendo que se encontraba en Buenos Aires, aunque, de acuerdo a lo planteado por el auxiliar fiscal Yofre, uno de sus teléfonos celulares a cargo impactó en las celdas de Leones en el mismo horario en el que se secuestró a la mujer. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Roldán fue una de las personas que realizó una de las llamadas extorsivas a F. exigiendo el pago del rescate, como pudo comprobarse a través de pericias de voz efectuadas en la causa. También fue señalado como responsable de la tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, de acuerdo al allanamiento realizado en su domicilio en 2017.