El fiscal general Maximiliano Hairabedian y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron anteayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Luis Olmedo, extitular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a quien acusaron de haber extorsionado a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba, por lo que el pedido de penas también incluyó 10 años de inhabilitación especial.

Olmedo fue señalado como coautor del delito de extorsión continuada junto a Adrián Casalis y Augusto Massimino, dos personas que administraban una institución privada donde se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes en la universidad, para quienes el fiscal solicitó penas de 6 años y 5 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una pena de un 1 y 10 meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años a la exdecana Mirta Spadiliero de Lutri al hallarla autora de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Los representantes del Ministerio Público también solicitaron que se remitan antecedentes a la fiscalía de turno para que varios testigos que declararon en el juicio sean investigados por falso testimonio, entre otros el actual decano de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo De Leonardi.

De acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del '90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función mediante distintos actos. Así, habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis, primero, y a Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso. De acuerdo con la pesquisa, bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían en muchos casos a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces. 

La intimidación, según Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos. Los representantes del MPF explicaron que, de esa forma, el docente infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero a Casalis o Massimino. 

En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba). Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento y le brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaba en los exámenes. Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo. 

Hairabedian y Aramayo también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la UNC, por no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad, pese a lo cual, y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna.