El fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida al titular de una cátedra de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acusado de extorsionar a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba. También pidieron el enjuiciamiento de las dos personas que administraban la institución privada donde se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes, y de la decana de la facultad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del '90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función mediante distintos actos. Así, habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Adrián Casalis, primero, y a Augusto Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso. De acuerdo con la pesquisa, bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían en muchos casos a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces. 

La intimidación, según Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos. Los representantes del MPF explicaron que, de esa forma, el docente infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero a Casalis o Massimino. 

"Aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio".

En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba). Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento, y que le brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaría en los exámenes. Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo. 

En el requerimiento de elevación a juicio se explica que Casalis era también el encargado de impartir las clases, en las que no se brindaba ningún tipo de enseñanza profunda, sino que se limitaban a leer los apuntes y alertar de lo que iban a ser examinados. Él les indicaba qué debían subrayar en función de lo que luego Olmedo les tomaría en los exámenes, y también les hacía corregir a mano el apunte, que estaba redactado de forma incorrecta adrede para que, en caso de ser compartido por alguien que no pudiera pagar el curso, quien lo estudie se presente a rendir, sea detectado y aplazado. También se indicaba qué preguntas se tomarían al momento de ser evaluados, y se les señalaba a los alumnos que al momento de ser evaluados en una determinada bolilla incluyeran de memoria una frase del apunte, así Olmedo tomaba conocimiento de quiénes habían concurrido a su academia. También se alertaba a los alumnos para que no se presentasen en mesas de exámenes cuando la facultad había ordenado incorporar veedores. 

De acuerdo a Hairabedian y Aramayo, para lograr su cometido Olmedo incumplía con el deber de todo docente de evaluar a todos los alumnos de acuerdo al programa de la materia, “toda vez que aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio".

Esta circunstancia continuó hasta algún momento entre 2015 y 2016, cuando Olmedo y Casalis se distanciaron, y la pantalla de la academia se mudó al barrio Nueva Córdoba, donde Augusto Massimino se hizo cargo hasta septiembre de 2020. El esquema se repitió.

La pieza acusatoria señala que hubo casos en que la resistencia al pago del dinero exigido frustró la vocación y deseos de varios alumnos y alumnas, que se vieron obligados/as a abandonar la carrera al no poder aprobar su materia.

Según la acusación, Olmedo infundía temor en sus estudiantes, principalmente a las mujeres, con quienes tenía un trato misógino, pues no solo demostraba su autoritarismo mediante el sistema de la academia, sino también con “su forma incorrecta y maleducada de dar las clases, en la que maltrataba a sus alumnos con gritos, menosprecios y frases agraviantes, denigrantes o humillantes, logrando en muchas ocasiones consecuencias atemorizantes, angustiantes y estresantes”. La pieza acusatoria señala que hubo casos en que la resistencia al pago del dinero exigido frustró la vocación y deseos de varios alumnos y alumnas, que se vieron obligados/as a abandonar la carrera al no poder aprobar su materia. 

Al mismo tiempo, Hairabedian y Aramayo también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la UNC,  por no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad, pese a lo cual, y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna. De acuerdo al requerimiento, durante el tiempo en que ocurrieron los hechos, Spadiliero de Luni “intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y el rendimiento académico”.