La representante del MPF fundó el pedido en la necesidad de evitar que prosiga lo que consideró un uso abusivo de la herramienta concursal que, entre otros aspectos, se materializó en una "inadmisible" prolongación de los plazos (18 años de trámite concursal) tendiente a licuar su pasivo y el presunto vaciamiento progresivo en que habría incurrido, todo lo cual fuera oportunamente denunciado. Señaló que el régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación, responsabilidad y acciones persecutorios, si hubiere lugar.