20 de abril de 2024
20 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los jueces dispusieron además el decomiso de los bienes
Corrientes: condenas por trata de personas para explotación sexual
El Tribunal Oral Federal de esa provincia condenó a un hombre y dos mujeres que captaban y amenazaban a jóvenes para obligarlas a ejercer la prostitución. El fiscal había solicitado penas de entre seis y ocho años de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 29 de mayo, a las 12:00 hs.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaro, condenó a Rafael Alejandro “Cano” López Atrio, Elisabel “Alicia” de Ávila y Ana Mirian “Ani” López Bravo como coautores del delito de trata de personas en modalidad de acogimiento o recepción de personas mayores de edad con fines de explotación sexual con coerción. El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, había solicitado ocho años de prisión para López Bravo, seis para su hija Ana y siete para la pareja del hombre, Elisabel de Ávila.

Sin embargo, los jueces sentenciaron a López Atrio a cuatro años y medio de prisión, mientras que para López Bravo y De Ávila ordenaron una pena de tres años de prisión en suspenso, debiendo cumplir tareas comunitarias por un año y ajustarse a las pautas de conducta impuestas por el Tribunal.

Además, el TOF dispuso mantener las excarcelaciones concedidas por el juez Federal de Paso de los Libres con expresa prohibición de salir del país y el decomiso de los bienes y automóviles secuestrados durante la investigación.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 29 de mayo a las 12:00 hs.

El caso

La investigación comenzó en 2008, cuando dos jóvenes de 18 y 20 años de edad denunciaron a la Policía Federal haber sido obligadas a ejercer la prostitución en los locales correntinos “Camila”, ubicado en la localidad de La Cruz, y “Capricho”, de Mercedes.

Según dio por probado el fiscal en su alegato, “Cano” López Atrio captaba a las mujeres y les prometía vivienda; por su parte, de Ávila las acogía y regenteaba el cabaret “Camila”, mientras que López Bravo administraba “Capricho” y era la titular de la habilitación municipal de los locales.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que “las víctimas se encontraban en un estado de vulnerabilidad porque eran de bajos recursos y necesitaban trabajar. Y de eso se aprovecharon los imputados. Incluso les retuvieron sus documentaciones”.