La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto un fallo que había apartado a la fiscal federal de Neuquén María Cristina Beute de una causa en la que se investiga a dos integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

El Máximo Tribunal penal admitió el recurso de casación y convalidó los argumentos del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Mario Sabas Herrera, contra la decisión de ese tribunal de alzada. El apartamiento había sido dispuesto después de que la fiscal pidiera la indagatorias del director y el jefe de Seguridad de la Unidad 9 por los delitos mencionados, luego de que en otro expediente Beute requiriera que se mantuviera a resguardo físico a un detenido en esa dependencia, a principios de junio de 2017; pero el 22 de ese mes se recibió una comunicación donde se informó de un incidente, lo que para la representante del MPF demostraba un incumplimiento de las medidas dispuestas por la Fiscalía. Ante esa situación fue que promovió la acción penal pública para su investigación. Los integrantes del SPF incluso fueron convocados a prestar declaración indagatoria por el juzgado interviniente, pero el acto quedó suspendido tras el planteo de nulidad de las actuaciones y la Cámara Federal rionegrina apartó a la fiscal.

Contra esa resolución el fiscal general Herrera había interpuesto el recurso de casación. En esa oportunidad consideró que se incurrió en una errónea aplicación e interpretación de las leyes procesales. Al respecto, indicó que se apartó a la fiscal  “bajo una posible e hipotética falta de objetividad” cuando, por el contrario, la fiscal “no hizo más que respetar fielmente el cumplimiento de cada uno de los mandatos legales que le imponen actuar de la forma en que desarrolló su actividad”, entre otros argumentos.

Independencia y autonomía funcional

El recurso fue mantenido por el fiscal general ante la Casación, Javier De Luca. Tras reseñar la jurisprudencia pertinente en la materia, como el fallo “Quiroga” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Sala I concluyó que “al disponer el apartamiento de la fiscal María Cristina Beute, la Cámara de Apelaciones de General Roca excedió el límite constitucional impuesto por el artículo 120, en desmedro de la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público”.

Para Casación, el fallo "excedió el límite constitucional impuesto por el artículo 120, en desmedro de la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público”.

En ese sentido, Diego Barroetaveña -que lideró el voto-, Ana María Figueroa y Daniel Petrone recordaron que la CSJN refirió que “la jurisdicción de las cámaras se encuentra circunscrita a los aspectos controvertidos en la relación procesal. Así, el alcance de los recursos concedidos determinan el ámbito de su facultad decisoria”, en especial cuando, como en el caso, la defensa “se limitó a solicitar la nulidad de la convocatoria a prestar declaración indagatoria”. Asimismo, recordaron que la recusación o inhibición de magistrados del MPF tiene prevista una vía procesal específica, a los fines de determinar la ausencia o no de objetividad, en el artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación.

En consecuencia, Casación hizo lugar al recurso interpuesto y dejó sin efecto el apartamiento de la fiscal de la causa en cuestión.