28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
Pidieron a Casación que restablezca a una fiscal en una investigación sobre miembros del Servicio Penitenciario Federal
En el expediente se investigan los posibles delitos de “desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por un hecho sucedido en junio de 2017 en la Unidad N°9 del Servicio Penitenciario.
El fiscal Mario Sabas Herrera, a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que reincorpore a la fiscal federal María Cristina Beute a una causa donde se investiga a miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La representante del Ministerio Público requirió la instrucción de una causa penal sobre los agentes del SPF en el marco de un expediente donde se había requerido que se mantuviera a resguardo físico a un interno de la Unidad Nº9, a principios de junio de 2017. El 22 de ese mes se recibió una comunicación desde la Unidad donde se informó de un incidente, lo que demostraba un incumplimiento de las medidas dispuestas por la Fiscalía.
En ese marco, la fiscal Beute consideró que podía tratarse de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y promovió la acción penal pública para su investigación. Tras el requerimiento fiscal, en el juzgado se le dio curso y se ordenaron las medidas indispensables para resguardar al detenido. En ese marco, y ante diversos elementos, Beute solicitó la indagatoria del Director de la Unidad 9 y del jefe de Seguridad. El juzgado llevó a cabo otra serie de medidas y los llamó a indagatoria. Pero la convocatoria quedó suspendida luego de que el defensor planteara la nulidad de las actuaciones.
La fiscal federal promovió la acción penal para la investigación de los posibles delitos de “desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En su intervención, los camaristas Ricardo Guido Barreiro y Richar Fernando Gallego no hicieron lugar al planteo sobre la nulidad pero decidieron apartar a la fiscal Beute. Consideraron que, debido a que tuvo que promover la acción penal para la investigación de un presunto delito, “naturalmente va a estar interesada en el resultado de esta nueva causa penal, lo que menoscaba o lesiona el principio de objetividad que debe gobernar su actuación”. Los magistrados marcaron: “Cuando se ejerce un poder conferido por el estado y en su desempeño regular se dispone fundadamente el cumplimiento de una orden, el incumplimiento deliberado de ésta por quienes están subordinados a ese poder provoca un menoscabo que no solamente es de carácter objetivo -porque afecta el orden de jerarquías- sino que además importa una falta hacia la persona que expide la orden, menoscabando subjetivamente su consideración personal y poniendo en entredicho, frente a otros funcionarios de igual y diferente jerarquía, su valía”.
El recurso de casación interpuesto por el MPF
Contra esa resolución, el fiscal general Herrera interpuso recurso de casación, ya que consideró que se trató de una errónea aplicación e interpretación de las leyes procesales. Al respecto, indicó que se apartó a Beute “bajo una posible e hipotética falta de objetividad” cuando, por el contrario, la fiscal “no hizo más que respetar fielmente el cumplimiento de cada uno de los mandatos legales que le imponen actuar de la forma en que desarrolló su actividad”.
“Concluyo que la posición adoptada en la posición recurrida es anticipatoria en tanto pretende o supone un interés personal en la Sra. Fiscal por la sola circunstancia de haberse incumplido la orden o mandato que impartió, sin que se encuentre plasmado en la pesquisa un alejamiento de la actividad procesal de la nombrada del que pueda deducirse el desvanecimiento de este fundamental deber, la objetividad”, remarcó la Fiscalía de Cámara.
Herrera sostuvo que la fiscal federal de primera instancia cumplió con la carga que le correspondía al detectar la posible comisión de un delito y promover la acción penal.
Herrera sostuvo que la fiscal federal de primera instancia cumplió con la carga que le correspondía al detectar la posible comisión de un delito y promoverla de acuerdo a lo que establece la ley. “La existencia de prueba sobre la quizás responsabilidad de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal en el cumplimiento de la orden impartida que puso en peligro la integridad física del interno cuya protección se procuraba y no fue llevada a cabo, conllevó la necesaria formación de actuaciones para esclarecer la potencial falta, sin que pueda verse allí un menoscabo a la persona del fiscal que amerite apartarla de sus funciones”, indicó.
Sostuvo, entonces,que se ha afectado el debido proceso, “además de limitarse e invadirse la función que este órgano debe cumplir por mandato constitucional y legal” al reemplazar a la fiscal Beute.