Tras 16 allanamientos -uno de ellos en la Ciudad de Buenos Aires-, la Justicia Federal de Mar del Plata logró desarticular una organización conformada por distintas empresas pesqueras vinculadas entre sí, acusada de conformar una asociación ilícita fiscal, con millonarios perjuicios a la hacienda pública –estimados en más de 23 millones de dólares entre 2017 y 2019-, y la burla de controles aduaneros y fiscales. Los principales acusados de la banda son de nacionalidad china; en esta instancia no hubo detenidos.

En el marco de la causa iniciada a través de una denuncia de AFIP-Aduana, la Fiscalía Federal N°2 delimitó y amplió los objetos procesales y opinó favorablemente sobre la realización de los allanamientos, que se desarrollaron este miércoles 16 por orden del juez federal Santiago Inchausti. Como resultado, se secuestraron 163 cajas con documentación probatoria del delito investigado, más de 2,3 millones de pesos, unos 62 mil dólares, diversas cantidades de pesos uruguayos, mexicanos, chilenos, euros, dólares de Hong King, guaraníes, reales y emiratos; además de 17 celulares, cuatro tablets, 24 pen drives, trece notebooks, 28 pasaportes chinos y más de 100 tarjetas de crédito.

De acuerdo al objeto procesal postulado por el Ministerio Público Fiscal, se investigan en concreto conductas perpetradas por un grupo económico, con alcance trasnacional, compuesto en principio por sociedades vinculadas entre sí, que vendrían desarrollando operaciones comerciales hacia el exterior -sin que sus nombres figuren en las destinaciones de exportación- y declarando valores por debajo de los precios promedios de exportación para la misma mercadería y destino. Esto constituiría una subfacturación de exportación, arrojando como resultado ganancias en mercados más favorables y disminuyendo la carga tributaria.

De acuerdo al objeto procesal postulado por el MPF, se investigan conductas perpetradas por un grupo económico con alcance trasnacional, compuesto en principio por sociedades vinculadas entre sí.

La denuncia de AFIP

La investigación, de instrucción judicial, se inició a partir de una denuncia de AFIP – Dirección General de Aduanas frente a una declaración inexacta en el marco del Código Aduanero. Se observó, por ejemplo, que una factura comercial tenía como destino Uruguay y la mercadería se dirigía a Brasil. “De las inconsistencias detectadas, se desprende que podrían, presumiblemente, existir maniobras mediante las cuales se acciona sobre los valores de transacción con la finalidad de reducir las bases de tributación en alguna de las fases de la operación y de esta forma declarar un valor menor de las exportaciones mediante operaciones de triangulación”, se explica en el expediente.

Todas las empresas investigadas realizan actividades en el comercio internacional, se dedican al rubro pesquero, comparten lugares operativos para la realización de sus cargas y todas tendrían relaciones societarias.

Sobre una de ellas, se advirtió que por un lado cuenta con dos buques de pesca, provistos por uno de sus accionistas que, a su vez, es su único cliente en el exterior y comprador de toda su producción; además ha incurrido en compras y gastos desde el año 2015 siendo su primera venta recién dos años después, lo cual haría pensar, explican los denunciantes, que los fondos para solventar estos conceptos han sido financiados por sus accionistas o terceras personas. Frente a estos indicios, se cree que esta firma podría ser solo el nombre en el país de una empresa de Shanghai. “Este tipo de maniobras alertan posibles casos de sobrefacturación o subfacturación de las operaciones de comercio exterior, ya sea para evadir impuestos o como medio para la producción del lavado de dinero”, sostiene la denuncia que consta en la causa.

Hubo luego una ampliación de la denuncia en la que se sumaron nuevas pesqueras, y donde se da cuenta que conformarían un grupo económico organizado y con permanencia en el tiempo, cuya actividad configuraría delitos tributarios y aduaneros mediante una modalidad recurrente: la interposición de personas físicas y jurídicas para ocultar a los verdaderos responsables. Si bien se exponen como empresas independientes y con distintas finalidades, la investigación administrativa determinó que todas ellas tienen características particulares de la que surge que sería un mismo grupo de personas que administran, gestionan y controlan todas las empresas, perjudicando la hacienda pública y burlando controles tanto aduaneros como fiscales.