02 de febrero de 2023
02 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las protestas se habían realizado entre el 9 y el 26 de noviembre
Desestimaron una denuncia contra los trabajadores de Cresta Roja por la interrupción del tránsito
Los cortes habían tenido lugar en el marco de un reclamo por el mantenimiento de las fuentes laborales. El fiscal federal Leonel Gómez Barbella concluyó que "prevalece el derecho de peticionar a las autoridades" y que a los trabajadores "no puede achacárseles falta de intención de resolver el conflicto".

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, solicitó al juez Alberto Santa Marina, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°1, que desestime una denuncia penal contra los trabajadores de la empres Rasic Hermanos S.A., dueñas de la marca alimenticia Cresta Roja (que finalmente se declaró en quiebra), quienes los días 9,18, 19, 24 y 26 de noviembre pasado realizaron cortes en la Ruta Nacional N°3. El fiscal federal consideró que "la conducta de los trabajadores no merece reproche penal", y agregó que "en el choque de derechos, prevalece el derecho de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional)" y que "no puede achacárseles falta de intención de resolver el conflicto, porque, en lo sustancial, el corte de ruta no se generó ante una discrecionalidad de los trabajadores, sino por cuestiones económicas urgentes, de las cuales no tenían respuesta alguna por parte de las autoridades".

Gómez Barbella subrayó que si bien "en el caso podría haber existido una violación del artículo 194 del Código Penal, que prescribe una pena para aquel que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra agua o aire", "lo que los empleados realizaron fueron protestas ante el avasallamiento de sus derechos como trabajadores, la falta de pago de los salarios, la imposibilidad de mantener económicamente a su núcleo familiar, y la incertidumbre respecto de sus puestos laborales".

En su dictamen, el representante del MPF repasó jurisprudencia sobre la contraposición de derechos que implica la protesta social. El fiscal concluyó que "la sociedad civil no tiene la forma de un sistema equilibrado, sino de un entrecruzamiento de sectores en parte antagónicos y en parte unidos por vínculos de solidaridad". Sin embargo, puntualizó que "es obvio que el sistema de protesta social con ocupación de espacio público significa, muchas veces, un detrimento para el derecho que todos los habitantes poseen de transitar de acuerdo con las reglas fijadas por la comunidad. Ello plantea un conflicto entre el derecho a la protesta y la libertad ordenada del tránsito".

Los cortes

La investigación había comenzado con los llamados recibidos en la Secretaría N°3 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, en los que la Gendarmería Nacional informaba sobre la interrupción del tránsito a la altura del kilómetro 76 de la Ruta Nacional N°3, en el partido de Cañuelas, realizada por los trabajadores de la empresa "Cresta Roja". El expediente acumuló las distintas actuaciones que se iniciaron posteriormente por los demás cortes.

Pasadas las 22 horas del 9 de noviembre de 2015, un grupo de entre 50 y 70 trabajadores obstaculizó el tránsito vehicular en ambas direcciones de la Ruta N°3. Los manifestantes requerían la presencia de representantes del Ministerio de Trabajo y de la firma Rasic Hermanos S.A. para abrir un canal de diálogo para intentar resolver un conflicto salarial que afectaba a unas 3000 personas. Una vez iniciadas las negociaciones con la Delegación Regional de la cartera laboral, los empleados de Cresta Roja decidieron liberar un carril y al día siguiente a las 17:00, se retiraron completamente del lugar.

Durante las siguientes jornadas, se concretaron distintas audiencias en las que participaron enviados de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, "en las que intentaron recomponer la situación laboral de los empleados, garantizándoles el trabajo y el pago de los salarios adeudados".

Sin embargo, la mañana del 18 de noviembre los trabajadores cortaron de manera parcial la calzada de la Autopista Ricchieri a la altura del kilómetro 26,500, en reclamo de la no reducción de los sueldos, el cumplimiento de acuerdos anteriores y de que no se produzca el cierre de la empresa. Aproximadamente a las 17:45, la interrupción  vehicular se transformó en total durante cinco minutos y luego abandonaron el corte.

El fiscal Gómez Barbella recordó en su dictamen que "una situación similar se repitió al día siguiente, pero por un lapso temporal menor, ya que el tránsito de la autovía sólo se mantuvo interrumpido desde las 7:30 hasta las 10:10".

Por último, el fiscal federal de Lomas de Zamora sindicó que "finalmente, se llevaron adelante dos nuevos cortes los días 24 y 26 de noviembre siguientes, que culminaron luego de entrevistarse con personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Trabajo de PBA y representantes de la empresa".