El fiscal federal de Lomas de Zamora Leonel Gómez Barbella pidió investigar penalmente la represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional a los trabajadores de la firma que comercializa los productos Cresta Roja el 22 de diciembre último, cuando los operarios reclamaban sobre la autopista Ricchieri por sus derechos laborales y fueron desalojados con "dos intervenciones violentas" con disparos de balas de goma.

En efecto, el titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa ciudad bonaerense indicó que deberá establecerse si "personal de Gendarmería Nacional hizo uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que provocó lesiones en los manifestantes que reclamaban ante la vulneración de derechos de raigambre constitucional por parte de la empresa 'Rasic Hermanos S.A.' y, en ese caso, determinar los autores y partícipes involucrados en los hechos puestos aquí de manifiesto".

De esa forma, Gómez Barbella dio curso a la denuncia presentada por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que el 31 de marzo pasado pidió formalmente que se investigue la comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos tras cerrar una investigación preliminar abierta el mismo día de los sucesos.

En base a aquella presentación, Gómez Barbella impulsó la acción penal en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación y pidió una serie de medidas de prueba, basadas en las "Reglas mínimas de actuación para la investigación de lesiones y homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones", establecidas en la Resolución PGN 4/2012 del ex procurador general Esteban Righi.

La investigación de la Procuvin

En su presentación, Gómez Barbella realizó un recorrido por la investigación preliminar realizada por la Procuvin. Las investigaciones preliminares están previstas en la ley de Ministerio Público como herramienta para la averiguación de la comisión de delitos, una fase previa que evita la rápida judicialización de un caso hasta que se obtengan serios indicios de que lo amerita.

En el transcurso de esa pesquisa, la Procuraduría a cargo del fiscal general Miguel Palazzani recabó fotografías de personas heridas durante la protesta, requirió y obtuvo informes de la Gendarmería Nacional sobre los protocolos y la normativa en la que se fundó su intervención, las directivas y órdenes impartidas durante el procedimiento, el listado de los funcionarios que participaron y la grabación y transcripción de las modulaciones radiales.

También, obtuvo las grabaciones de video de las coberturas periodísticas realizadas por diferentes medios audiovisuales y por las cámaras de seguridad de la autopista. Con ese material, la Procuvin encomendó a la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Fiscal del MPF que precise "el desarrollo cronológico de los sucesos, identifique funcionarios públicos y posibles testigos".

El fiscal lomense señala que, en base a esas primeras tareas probatorias, la Procuvin "valoró que la actuación de la fuerza de seguridad federal fue en contraposición al Protocolo sobre 'Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas', resolución ministerial número 210/11, vigente al momento de la protesta" y que establece, entre otros aspectos, la intervención progresiva frente al conflicto, el diálogo con los organizadores de la protesta y criterios para la utilización de postas de goma.

Al judicializar el caso, la Procuvin había sugerido que la hipótesis de la investigación penal "debe abrazar también aquellas órdenes y directivas vinculadas al operativo y de cuyo cumplimiento resultó un accionar, en principio abusivo e irracional, que habría producido lesiones a distintos manifestantes".