Personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo el viernes pasado a un policía de la Ciudad de Buenos Aires condenado a 7 años de prisión por haber abusado sexualmente de una compañera de trabajo dentro de una comisaría. La detención se dio en el marco de un pedido de colaboración efectuado a la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), que encabeza Juan Pablo Bello, y que funciona en el ámbito de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) -a cargo del fiscal José María Campagnoli- bajo la dirección general de Romina Del Buono.

Facundo Sánchez Aguilar (34) fue condenado en agosto de 2025 por los delitos de abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, que también ordenó que se realice la extracción de su perfil genético para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Según el fallo que firmaron las juezas Valeria Rico e Inés Cantisani y el juez Gustavo Javier González Ferrari, el hombre abusó sexualmente de la joven -recién ingresada a la Policía de la Ciudad- en un anexo de una comisaría del barrio de Palermo. La primera situación ocurrió en diciembre de 2022, cuando la denunciante entró a un cuarto de limpieza a pedido de Sánchez Aguilar. En ese momento, él cerró la puerta y la agredió.

En junio de 2023, y luego de que la víctima lo hubiera evitado durante meses, el oficial mayor aprovechó que estaban solos en la dependencia, se acercó, se bajó los pantalones y le exhibió su pene. Cuando ella intentó irse, el hombre la abrazó y la manoseó, mientras continuaba semidesnudo.

En el fallo, el tribunal indicó que Sánchez Aguilar se aprovechó de la inexperiencia laboral de la mujer y de su rol de instructor. “No olvidemos que A., al describir cómo se desarrollaban las tareas diarias en la dependencia y la interacción que ella tenía con el imputado, contó que era él quien tenía la función de ‘enseñarle’ el trabajo en la dependencia, que ella actuaba como una suerte de asistente en la toma de denuncias para aprender las funciones”, se describió.

En el alegato, la Fiscalía General Nº16 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales de la Capital Federal, a cargo de Fernando Fiszer y representada en el juicio por la auxiliar fiscal María Luz Ricotta Denby, destacó el testimonio que brindó la joven. “Quien llevó las de perder fue ella, tuvo una licencia de casi un año, fue cambiada de dependencia, desarmada, relocalizada, estigmatizada y acarrea con todas estas consecuencias”, se resaltó.

En esa misma línea, el tribunal había marcado como agravante que el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la relación de subordinación. A su vez, hizo foco en la angustia que generó a la mujer y las consecuencias laborales que le implicaron los episodios abusivos.

Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso donde cuestionó la verosimilitud del relato de la víctima y pidió la absolución del hombre. Sin embargo, el 31 de marzo de este año, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó la condena. 

“La ausencia de resistencia física por parte de una oficial de policía frente al abuso sexual perpetrado por su superior jerárquico en un espacio cerrado de su lugar de trabajo no puede interpretarse como consentimiento, sino que debe comprenderse como la respuesta de una víctima que, en un contexto de coacción situacional y asimetría de poder, evaluó razonablemente que el sometimiento sexual constituía el único medio disponible para escapar de una situación de mayor riesgo”, se indicó en el fallo de Casación.

“El ordenamiento jurídico no puede exigir a las víctimas que pongan en riesgo su integridad física mediante resistencia violenta, ni que comprometan su estabilidad laboral mediante la denuncia inmediata, para que su testimonio posterior sea considerado creíble. La demora en denunciar y la ausencia de resistencia física son respuestas frecuentes y perfectamente compatibles con la victimización sexual genuina, especialmente en contextos institucionales donde la víctima percibe, fundadamente, que su palabra valdrá menos que la del agresor y que la denuncia acarreará consecuencias adversas para su propia situación laboral, como efectivamente ocurrió en el caso”, concluyeron los camaristas.

La investigación y la captura

El 9 de abril, el tribunal ordenó la detención del condenado a pedido del MPF. Cinco días después, la Fiscalía General Nº16 solicitó la colaboración de la SeCap de la UFECRI para ubicar a Sánchez Aguilar.

En las tareas de búsqueda, la SeCap solicitó al Registro Nacional de las Personas y a otros diversos organismos y empresas de telefonía el envío de datos personales del prófugo y se revisaron distintas bases de información personal. De esa forma, se pudo identificar que existían varios domicilios relacionados con el imputado.

Tras realizar el entrecruzamiento de información, efectivos de la Policía Federal comenzaron a verificar las direcciones. En ese marco, el viernes por la mañana, se localizó y detuvo a Sánchez Aguilar en la localidad de Arturo Seguí, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata.